“Sobran los elementos para absolver a Cristina Kirchner”, afirma Sofía Caram, autora de “Condenada”

“Sobran los elementos para absolver a Cristina Kirchner”, afirma Sofía Caram, autora de “Condenada”

Por Leonardo Castillo – La periodista Sofía Caram cubrió las 121 audiencias del juicio oral de la causa de la obra pública en Santa Cruz, en el cual resultó sentenciada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y compiló las crónicas de ese proceso que escribió en el diario Página/12 y Ámbito Financiero en “Condenada”, un libro en el que asegura que a lo largo del debate “no se encontraron pruebas documentales que conectaran” a la exmandataria con el delito de defraudación. (Télam)

“No me propuse levantar el dedo acusador y señalar en estas páginas lo terrible que es el lawfare. Expongo lo que pasó en ese juicio y trato de dejarles la conclusión a los lectores. Creo que es lo mejor que se puede hacer en tiempos de odios, fanatismos y grieta, en los cuales a veces se pueden perder los matices, que en definitiva son lo más ricos de la vida”, afirma Caram en diálogo con Télam.

Mientras se aguarda que las sentencias recibidas por Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho imputados sean revisadas por las Cámara de Casación Penal, la periodista asevera que “sobran los elementos para dictar la absolución de la expresidenta” en esta causa, y estima que la resolución del caso será “más política que jurídica”.

“El libro es una recopilación de crónicas, pero también es una historia sobre los últimos años de Argentina. En el medio de este juicio estuvieron la pandemia, las elecciones intermedias y sobre el final le pusieron un arma en la cabeza a la protagonista. Había algo que contar”, sostiene sobre el atentado que sufrió la Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022.

-Télam: El 2 de diciembre de 2019, Cristina Fernández, vicepresidenta electa, fue llamada a indagatoria y ante los jueces (Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu), del Tribunal Oral Federal número 2, afirmó que su condena estaba escrita. ¿Esa también era su sensación como cronista al principio de este juicio?

-Sofía Caram: Cuando lo dijo no lo creí. Pensé que se trataba de una frase con la que buscaba causar impacto político para torcer algo que se insinuaba en contra y volcarlo a favor. Cuento esa audiencia en un capítulo del libro que se llama “Yo Acuso”, que fue incluso el título de la tapa de Página/12 al otro día de esa declaración indagatoria. A lo largo de las audiencias comprobé que no había un solo elemento que sustentara la acusación de defraudación. No sé si fui ingenua, pero es lo que percibí a lo largo de este juicio y como periodista que presenció todas las audiencias. En este juicio no se encontraron pruebas testimoniales ni documentales que probaran la culpabilidad de Cristina en un delito de defraudación, ni mucho menos un elemento que indicara un nexo entre la defraudación al Estado y ella. Comparo lo que pasó en esta causa de Vialidad con lo que sucedió en otra que también seguí mucho y es la de “Peajes, Autopistas del Sol”. En ese expediente estaban involucrados exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos como (el exministro de Transporte) Guillermo Dietrich, (el exdirector de Vialidad) Javier Iguacel y (el encargado de Asuntos Legales de ese organismo) Ricardo Stoddart por haber beneficiado a Autopistas del Sol con la renegociación de los contratos a más de 10 años con una empresa que pertenecía al grupo Socma, de Mauricio Macri. No hubo llamado a licitación, como marca la ley, y se recurrió al Tribunales del Ciadi como si fuera una especie de simulacro para beneficiar a las firmas de Socma por 500 millones de dólares, mientras Macri era presidente. Consulté varias veces el expediente en Comodoro Py, y a pesar de esos antecedentes, era muy difícil encontrar un elemento que conectara directamente a Macri con el dolo. Es muy difícil tener pruebas directas en los delitos de corrupción, salvo que a una persona la capturen infraganti llevando bolsos con dinero como pasó con José López (exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo condenado por la Justicia).

-T: ¿Se verificó en este proceso el direccionamiento en favor de Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones?

-SC: Lázaro Báez creció entre 2003 y 2015 como empresario de la obra pública y había un vínculo con el kirchnerismo. Pero lo que se tenía dilucidar en este juicio era si las 51 rutas que se debían investigar existieron, y sí, se corroboró que estaban, lo afirmaron los testigos. No había rutas fantasmas en Santa Cruz. Lo declararon los testigos que llamó la Fiscalía, que eran auditores de Vialidad enviados por Iguacel a esa provincia. Recorrieron el territorio durante 15 días y comprobaron que las rutas existían, que estaban.

-T: Otro de los argumentos de la acusación se basaban en los sistemas de determinación de precios.

SC:- El empresario Ángelo Calcatarra, primo de Mauricio Macri, fue uno de los encargados de derribar lo que era uno de los pilares de la acusación cuando tuvo que declarar sobre las determinaciones de precios. ¿Cómo funciona ese mecanismo? En un país inflacionario como Argentina las obras se licitan por un determinado monto, pero tengamos en cuenta que en los proyectos de obra pública llevan tiempo. Hay que definir pliegos, licitaciones, en el Sur del país tenemos la cuestión de las vedas de invierno y también hay que liberar trazas en campos y terrenos privados. Eso da lugar muchas veces a expropiaciones y juicios. Un proyecto puede demorarse entre cinco y diez años. Los montos originales deben entonces actualizarse porque pierden valor. Para solucionar eso, el Estado contempla un mecanismo para redeterminar cada valor, lo que le permite a las empresas redefinir los precios. Calcaterra dijo que las determinaciones de precios nunca benefician a los empresarios. Que nos les convenían porque el estado pagaba tarde y mal. El empresario, según esta visión, termina amortizando el porcentaje de inflación. Eso derriba otro de los argumentos de la fiscalía.

-T: ¿Qué pasó entonces con el argumento de los sobreprecios que se pagaron para construir todas esas rutas en Santa Cruz?

-SF: Bueno, otro argumento de la Fiscalía era que se habían pagado valores por encima de las estimaciones del mercado. Uno de los peritos de la Fiscalía, Roberto Panizza, utilizó para evaluar los costos una revista que se llama “El Constructor” para establecer los valores de los distintos ítems (cemento, hierro, recurso humano, entre otros). No utilizó, en cambio, el mecanismo oficial de la Dirección Vialidad para establecer valores de mercado. En tanto, el perito de la Corte Suprema en este juicio, Eloy Pablo Bona –quien tuiteó contra Cristina y fue recusado por la defensa, pero confirmado luego por el tribunal – – usó en cambio un sistema distinto. Comparar las obras cuestionadas en este juicio con tres proyectos que se relicitaron durante el Gobierno de Macri por valores que estaban por debajo de los precios de mercado. Eran tan baratas que no se pudieron terminar. Ese peritaje dio cualquier cosa y eso lo dijeron los jueces del Tribunal en sus fundamentos. ¿Qué pasó entonces? Los jueces, convirtiéndose en peritos, establecieron una metodología propia, y establecieron que hubo sobreprecios. Fue algo rarísimo, nunca visto.

-T: ¿Cree que la Cámara de Casación que tiene que revisar el fallo de primera instancia también lo tiene “escrito” de antemano como denunció la Vicepresidenta en el juicio oral?

-SC: No creo que esté totalmente escrito, pero viene difícil para quienes resultaron condenados. Prestaría más atención a lo que puede pasar en la Corte Suprema que en Casación. Miraría más lo político que lo jurídico. De todos modos, creo que sobran elementos para absolver a Cristina, tanto en Casación como en la Corte.

-T: Uno de los momentos clave de este juicio es cuando el fiscal Diego Luciani extrae del expediente de la causa “Cuadernos” chats de José López para sustanciar la acusación contra la Vicepresidenta. ¿Cómo se explica eso?

– SC: Esa fue otra de las irregularidades. Es un material que aparece en la etapa de alegatos. Se supone que una de las funciones de la Fiscalía es buscar la verdad. Si tengo esos chats, que eran 1600 páginas de desgrabaciones, lo lógico sería llamar a declarar a todas las personas que figuran en esas conversaciones con López. Había una ventana en el Estado para atender a los empresarios. Entonces podía abrirse una discusión seria sobre la obra pública y hacer una investigación más amplia. Con esos chats entre López y Báez aparece un señor Mendoza y hay un gerente de Austral Construcciones que tiene ese apellido. Luciani nunca lo citó para saber si se hablaba de él o de la provincia. En esos intercambios no se nombra a Cristina. Se habla de “la señora” y Luciani infiere que es la Vicepresidenta. Por eso creo que este juicio resultó una oportunidad perdida. Si hubo irregularidades en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en este proceso oral y público no se probaron.

-T: Hubo 114 testigos en este juicio ¿Alguno nombró a directamente a Cristina Fernández de Kirchner durante el debate?

-SC:- La única persona que la nombró fue Leonardo Fariña. Declaró sin juramento de decir verdad, porque está condenado en una causa conexa en la que se investigó “la ruta del lavado de dinero” (el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió días atrás el sobreseimiento de la exmandataria en ese expediente). Fariña dijo que hubo sobreprecios y que Cristina estaba involucrada.

-T: ¿Cuál era su sensación a lo largo de las audiencias en relación al veredicto que podría tener este juicio?

-SC: Que si buscaban condenar a Cristina no se sabía en base a qué lo iban a hacer. Entonces aparecieron los chats de López, en el alegato de Luciani, y el peritaje del Tribunal. Hubo más dudas que certezas y por eso debió haber una absolución para la Vicepresidenta.

-T: ¿Considera que el objetivo de este juicio fue proscribir a Cristina Fernández de Kirchner?

-SC: Creo que hay algo más que el objetivo de proscribir a una dirigente y es el de disciplinar. Durante la cobertura de este juicio hubo fuentes que me contaron que ahora hay funcionarios de Vialidad que no quieren firmar nada porque tienen miedo. Además, se busca estigmatizar a la obra pública que es una herramienta económica contracíclica. Pero se busca hacerle cree a la gente que es un choreo cuando en realidad es fundamental para el desarrollo del país.

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