La IGJ ordenó disolver una empresa del exfutbolista Battaglia beneficiada por Larreta

La IGJ resolvió la disolución y liquidación de “Locura Deportiva”, una firma del exjugador de Boca a la cual el gobierno porteño le entregó la concesión de dos hectáreas en Parque Sarmiento. Según pudo establecerse, era una “sociedad ficticia e ilícita” que ni siquiere presentaba sus estados contables ni tenía domicilio legal establecido. (Télam) – (Foto: Juliá Álvarez)

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió este lunes la “inmediata disolución y liquidación” de la empresa “Locura Deportiva”, perteneciente al exfutbolista Sebastián Battaglia y a la cual el Gobierno porteño le entregó la concesión de dos hectáreas del Parque Sarmiento, por tratarse de una “sociedad ficticia e ilícita” al no presentar domicilio ni estados contables, entre otros incumplimientos.

La orden fue firmada por el inspector general de Justicia Ricardo Nissen y promueve una “acción judicial de nulidad en los términos del artículo de la Ley 19.550, la cual, por propia definición legal deberá incluir la inmediata disolución y liquidación contra la sociedad Locura Deportiva S.A.”.

Además, declaró “la irregularidad e ineficacia, a los efectos administrativos de los estados contables, actas de asambleas y asistencia a asambleas” de la empresa en cuestión, así como estableció que sean notificados de la medida tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La actuación de la IJG comenzó “en atención a la repercusión pública de los hechos de público conocimiento” respecto a la participación de la sociedad que preside Battaglia, en la licitación que fue adjudicada por el Gobierno porteño para la concesión de uso y explotación de “determinados y extensos espacios ubicados dentro del Parque Sarmiento”.

“En virtud de ello, considerando que este organismo debe velar por el interés público y que se encuentra expresamente autorizado a intervenir de oficio” fue que se dispuso el “análisis” de la empresa desde su inscripción en el registro en enero de 2018.

A lo largo del escrito de 22 hojas, la IGJ brindó detalles de la investigación, tras lo cual consignó “la existencia de reiterada y nutrida gama de actividades y actuaciones de la sociedad contrarias a expresas normas legales, muchas de ellas, de evidente orden público”.

Entre las conductas reportadas, por ejemplo, citó que la empresa “carece de domicilio y sede social efectiva”, lo que “fue constatado por una diligencia el 9 de noviembre de 2023”; al tiempo que “en el lugar de la sede social inscripta residía un tercero, en carácter de locatario”.

“Tampoco exhibió sus libros de comercio y sus libros sociales, y que su presidente, accionista mayoritario y beneficiario final, Sebastián Alejandro Battaglia, solo cumplió la intimación efectuada por la IG3 el 9 de noviembre de 2023”, agregó.

Posteriormente, la IGJ aseguró que es “un panorama que exhibe un total y permanente incumplimiento de las normas legales de funcionamiento de las sociedades comerciales”, ante el cual, indicó, no puede asistir “impávida ya que se encuentra comprometido el interés público”.

La empresa “Locura Deportiva” fue beneficiada por el Gobierno porteño con la concesión por cinco años, adjudicada a fines de octubre, de más de dos hectáreas del Parque Sarmiento que incluye 13 canchas de fútbol, cinco canchas de paddle, bares, un restaurante y un sector semicubierto con parrilla.

“El canon mensual que le cobrará el Gobierno porteño es de 11 millones de pesos, lo que se recupera con menos de una semana de recaudación”, señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Indicaron, también, que “el Parque Sarmiento es un bien de dominio público. Está zonificado como Urbanización Parque y tiene dos sectores que son Áreas de Reserva Ecológica. Por ley, debe garantizarse su uso público. Sin embargo, actualmente, 12 hectáreas están privatizadas”.

Al respecto, la resolución de la IGJ reiteró que la concesión del Gobierno porteño fue otorgada a “una entidad ficticia, absolutamente infracapitalizada, sin sede social efectiva y con solo un año de actividad concreta, a pesar de haber sido constituida en el año 2018”.