Resuelven que tramiten en un mismo juzgado causas por Lago Escondido y por supuesto espionaje

Resuelven que tramiten en un mismo juzgado causas por Lago Escondido y por supuesto espionaje

La Cámara Federal porteña resolvió que tramiten en un mismo juzgado la causa que investiga a jueces y funcionarios porteños por el viaje a Lago Escondido y otra por supuesto “espionaje ilegal” abierta por denuncia de un imputado en esa primera investigación. (Télam)

La decisión fue del camarista Leopoldo Bruglia, quien resolvió un conflicto de competencia entre el juzgado federal 2 que lleva la causa Lago Escondido y el 12 donde quedó radicada por sorteo la denuncia que presentó el juez en lo penal económico Pablo Yaradola, por supuesto espionaje ilegal de las conversaciones que mantuvieron algunos de los implicados en un chat de la red de mensajería Telegram, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado federal 12, sostuvo que la denuncia de Yaradola por la

difusión pública del contenido del chat de Telegram debe investigarse en el mismo juzgado que la causa por el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de Joe Lewis en Bariloche por ser hechos “claramente entrelazados” y “complementarios entre sí”.

También sostuvo que “la decisión de uno podría incidir en el otro” y por eso debería intervenir un solo juez en ambos expedientes.

El titular del juzgado federal 2 Sebastián Ramos, a cargo de la causa Lago Escondido, rechazó la competencia por considerar “prematura la vinculación” entre ambos casos y ante “la falta de constancias que indiquen la identidad de los eventos pesquisados en ambas actuaciones o de sus presuntos autores, o de las mismas circunstancias de tiempo y lugar”.

Ante el conflicto de competencia, el camarista Bruglia decidió que las dos causas queden radicadas en el juzgado de Ramos porque “se advierte de momento que los hechos puestos en conocimiento en estas actuaciones registran puntos en común con aquéllos materia de la causa que se pretende de atracción”.

Además evaluó que podría estarse “ante una posible concatenación entre los hechos denunciados en ambas causas”, todo ello “sin perjuicio del estado incipiente en la cual se encuentran” las respectivas actuaciones por lo cual el “avance de los procesos” podría “ameritar un nuevo análisis de la cuestión”.

“En esta instancia, se advierte la conveniencia de que ambas causas sean examinadas bajo la órbita de actuación de un mismo magistrado, que pondere la prueba reunida en su conjunto y totalidad”, concluyó.

Ante ello “corresponde” que la investigación de la denuncia del juez Yaradola sea enviada al juzgado federal 2 donde ya tramita la causa penal por el viaje a Lago Escondido ” cuyo marco fáctico de pesquisa resulta de mayor amplitud”, resolvió la Cámara y se dejó a “consideración del magistrado la acumulación o no de las causas”.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.

También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.

La causa por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido tramitó en Bariloche pero luego pasó a los tribunales federales de Retiro por orden de la Cámara de Casación.

El viaje se realizó el 13 de octubre, día en que los jueces arribaron en un vuelo privado a Bariloche y desde allí se dirigieron a la estancia, en fechas en las que también se alojaron los directivos del grupo Clarín y los funcionarios porteños.

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