Diputados del FdT delinean la estrategia para tratar el juicio político a la Corte Suprema

Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) coincidieron hoy en que el tema del juicio político a la Corte Suprema “es una excusa de Juntos por el Cambio (IxC) para continuar paralizando la Cámara” baja, mientras mantienen reuniones informales para trazar la estrategia de trabajo que desarrollarán cuando el presidente Alberto Fernández convoque a sesiones extraordinarias para abordar ese y otros proyectos. (Télam)

“La Cámara está trabada desde antes que el Presidente anunciara el juicio político a la Corte. Desde principios de diciembre estamos sin actividad”, señaló el kirchnerista Rodolfo Tailhade, al verbalizar lo que sostienen muchos de sus pares.

Para el legislador bonaerense, “el juicio a la Corte les da una excusa para seguir paralizando la Cámara, cosa que va a pasar, ya que aunque el Presidente no hubiera hecho ese anuncio, creo que hubiera seguido la parálisis de la Cámara”.

“No tiene nada que ver con la Corte, aunque por supuesto el tema vino a agravar una situación de mucha tensión que ya hay en la Cámara, pero lo que dicen es una mentira”, insistió en declaraciones a DTV, al apuntar a sus colegas de JxC.

Esta percepción de los diputados oficialistas quedó expresada también en una serie de encuentros por Zoom y reuniones que el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, viene sosteniendo desde hace cinco días con los otros quince integrantes oficialistas de la comisión de Juicio Político.

En la bancada del FdT analizaron que, además del reglamento de la Cámara, la comisión tiene un reglamento interno que dice que los únicos que están en condiciones de decidir si concurren o no son los acusados, en este caso los cuatro miembros de la Corte.

En principio, según fuentes parlamentarias, se buscará juntar toda la prueba durante un período, y cuando se tengan todos esos elementos se los invitará para su descargo.

Todo aquel que sea citado está obligado a ir a la comisión, salvo los funcionarios que son pasibles de juicio político (presidente, vicepresidenta, ministros), que en caso de ser llamados para declaración testimonial pueden no asistir.

Los demás ciudadanos tienen la obligación de asistir, y si no lo hacen y no justifican su ausencia, la comisión tiene la facultad de pedirle a un juez que ordene su traslado por la fuerza pública.

En ese sentido, el propio Tailhade, integrante también de la comisión, anticipó “la idea de proponer la citación de (el ministro de Seguridad porteño con licencia, Marcelo D’Alessandro y del asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Silvio Robles, ya que no están alcanzados por esta inmunidad que da el reglamento de no venir”.

“Ellos van a tener que venir”, remarcó el diputado.

También está definido que el juicio político será presentado por un grupo de diputados y no por el Presidente de la Nación, ya que en el primero de los casos tendría vigencia por tres años y en el segundo caso solo un año, tal como lo informó Tailhade.

En cuanto a los tiempos, se estima que el proceso de sumario podría durar entre tres y cuatro meses, para evitar que se superponga con el inicio del calendario electoral en lo que tiene que ver con presentación de alianzas y listas de candidatos.

Otra alternativa que se conversa en despachos oficialistas es sobre el momento que se llevará el tema al recinto en caso de que se obtenga dictamen en la comisión: varios diputados coinciden en que no es necesario hacerlo inmediatamente después de generado el despacho.

Es que el Frente de Todos tiene número suficiente para emitir dictamen de comisión pero en principio carece de la mayoría necesaria para aprobarlo en el recinto.

“Se puede esperar al año que viene o incluso dos años más, porque ese dictamen tiene más vigencia que cualquiera de una comisión normal”, dejaron trascender las fuentes parlamentarias.

Sobre la convocatoria a extraordinarias, evalúan que el temario debe incluir el ‘juicio político a los miembros de la Corte’, lo que habilitaría al tratamiento de otras iniciativas existentes, como un pedido de la Coalición Cívica contra el juez y expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti o una de Vanesa Siley (Frente de Todos) contra el también extitular de la Corte Carlos Rosenkrantz.

Lo que no se incluiría sería la habilitación a todos los pedidos de juicio político sin especificar puntualmente a la Corte. De esta manera se neutralizaría el pedido de Juntos por el Cambio para que también se pongan en debate las solicitudes que hay sobre el presidente, la vicepresidenta y algunos ministros.

Para poder avanzar con esas solicitudes, generadas desde sus propias bancadas, deberán esperar hasta el 1° de marzo, cuando se inicia el período de sesiones ordinarias, y el temario ya no lo decide el Poder Ejecutivo.