Diputados denuncian la “persecución judicial y política” a movimientos sociales en CABA y en Jujuy

Tras los allanamientos a decenas de viviendas de dirigentes y comedores populares en distintos puntos del país, diputados nacionales, dirigentes sociales y sindicales anunciaron una movilización para repudiar esos hechos el próximo 15 de julio. Acusan al macrismo de realizar “una avanzada contra los que peleamos por palear la delicada situación de los más humildes”. Foto: Edgardo Valera

También, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, sostuvo que “somos opositores al gobierno pero cuando atacan a las organizaciones estamos siempre” y atribuyó las agresiones a los movimientos como “una campaña que desató la derecha. Vienen por lo elemental porque quieren frenar la organización popular y volver a los punteros”.

Foto Edgardo Valera
Foto: Edgardo Valera.

En ese sentido, el diputado nacional del Movimiento Evita Leonardo Grosso, señaló que “lo que quieren hacer es desarmar nuestras estructuras” y consideró que de esa situación “salimos juntos, es la única manera de salir adelante”.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, afirmó: “Venimos a acompañar y a ponernos a disposición. Hay un ataque profundo en los barrios porque se viene un ajuste mayor del FMI”.

Según denunciaron en la conferencia, “la policía entró violentamente en 23 viviendas de dirigentes y comedores populares de los barrios de nuestra organización en la Provincia de Buenos Aires y CABA y otras tantas pertenecientes a organizaciones hermanas en Jujuy”, y acusó al macrismo de realizar “una avanzada contra los que peleamos por palear la delicada situación de los más humildes”.

“Estamos frente a una persecución judicial y política de gran escala contra las organizaciones sociales, los sectores reaccionarios de la derecha macrista utilizan la justicia y los medios de información para perseguirnos, y buscan dividir la lucha popular y aislar a los movimientos sociales para crear las condiciones para volver al gobierno con su política antipopular y de entrega nacional”, denunciaron en un documento.

De la conferencia participaron referentes del Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional, el Movimiento Evita, el MTR 12 de abril, Nuestramérica y Tupac Amaru; UTEP (Unión de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular);

Movimiento Evita – Somos Barrios de Pie – MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) ; MTE – Rural (Movimiento de Trabajadores Excluidos – Rama Rural) , entre otros.

“Gerardo Morales continúa su plan de criminalizar la protesta social”

Organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales de Jujuy expresaron este jueves su rechazo a las investigaciones que lleva adelante la justicia provincial para “criminalizar la protesta social” con 15 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones populares concretados ayer, y coincidieron en criticar “el aparato de Gobierno que ahora va contra esas entidades”.

José Zurita de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular)

Convocadas a través de la unidad piquetera, diversas organizaciones se movilizaron durante la mañana a la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, para denunciar “la escalada represiva de Gerardo Morales que viene de encarcelamientos, ayer allanamientos, con lo cual ya no solo está ilegalizada la protesta sino también ahora busca ilegalizar a las organizaciones con la carátula de asociación ilícita”, denunció el dirigente del Polo Obrero de Jujuy Sebastián Copello.

Por su parte, José Zurita de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) convocó “a todos los sectores para un gran jujeñazo, porque no podemos naturalizar la figura de asociación ilícita”.

El miércoles, efectivos de la Policía de Jujuy realizaron allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales donde funcionan merenderos, en cumplimiento de una medida judicial en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión.

La medida fue ordenada por juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio.

“El Gobierno ha emprendido una campaña para criminalizar la protesta social y esto no es de ahora, viene de hace tiempo contra los trabajadores desocupados y contra los estatales”, afirmó por su parte el diputado nacional del Frente de Izquierda Alejandro Vilca y recordó que “los docentes se movilizaron hace un tiempo y también los persiguieron”.

“Hay que ponerle un freno y decirle basta a Gerardo Morales”, enfatizó.

A su turno, Edgar Lima del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), calificó de “despótico” al gobierno de Morales que “desde hace años nos viene atropellando y criminalizando”.

“Nos quieren investigar no tenemos nada que esconder. Si quieren investigar que investiguen el acuerdo con el FMI o investiguen los 82 mil planes Potenciar Trabajo que tiene Gerardo Morales”, afirmó y sentenció: “nosotros los pobres de los barrios tenemos derechos a organizarnos para pelear por una vida digna”. Télam

genteba