Bullrich y Petri presentaron la “Ley Antimafias” que propone el Gobierno para modificar las normas vigentes en Seguridad Interior y combatir el crimen organizado

Patricia Bullrich y Luis Petri presentaron ayer una serie de proyectos para combatir la presencia de bandas narco, principalmente en la provincia de Santa Fe y extensibles a todo el país. Incluye disposiciones contra organizadores de marchas y bloqueos a empresas. Varias de las modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Bases, que el oficialismo no logró aprobar en el Congreso. “Si no están a favor, están con los delincuentes”, dijo la ministra.

En una conferencia de prensa este mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, presentaron un paquete de proyectos de Ley apuntado “al combate contra las mafias y el crimen organizado” que incluye modificaciones a las normativas actuales en materia penal, incluído el régimen de legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos.

De acuerdo a los funcionarios, las iniciativas apuntan a cercar y perseguir al “terrorismo” y al accionar de bandas armadas y el narcotráfico, y lo calificaron como un avance en la materia, que amplía la efectividad del Estado respecto a la delincuencia organizada.

“Antes íbamos por las hormigas, y ahora por el hormiguero”, enfatizó la ministra.

Las manifestaciones, marchas y piquetes son instancias donde Bullrich espera que se aplique su propuesta.

En ese sentido, la iniciativa busca modificar el artículo 194 del Código Penal y las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.

Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.

Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

También prescribe penas pecuniarias, multando con dinero a los organizadores.

La ministra también argumentó a favor de la modificación en el registro de ADN.

“Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (Ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, explicó.

“Estamos viendo actos terroristas. El Presidente nos ha dado expresas instrucciones de actuar con total fuerza del Estado y realizar una tarea coordinada integracional que involucre a todos los poderes del Estado. Además, nos dio instrucciones para que modifiquemos la ley de Seguridad Interior”, amplió Luis Petri.

Estas modificaciones ya habían sido presentadas en la Ley Bases, que el oficialismo presentó al inicio de la gestión pero no logró motorizar en el Congreso.

Adorni confirmó que el Gobierno Nacional pretende modificar la Ley de Seguridad Interior vigente

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ayer en rueda de prensa que el Gobierno Nacional pretende modificar la Ley de Seguridad Interior vigente para que las Fuerzas Armadas puedan involucrarse en el combate contra la presencia de bandas narco en la provincia de Santa Fe.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde se prepararon los anuncios .

El debate giró en torno a las presentaciones que se harán en materia de seguridad y a la situación que se vive en la ciudad de Rosario azotada por la presencia de bandas narcos. Bullrich y Petri tomaron la palabra y dieron detalles de lo que más tarde revelarán ante la prensa acreditada.

La novedad surge en medio del recrudecimiento de la violencia narco en Rosario. Ante la emergencia, la semana pasada el Poder Ejecutivo conformó un Comité de Crisis y ordenó que las Fuerzas Armadas participen en cuestiones logísticas del operativo, sin embargo muchos efectivos presentaron reparos.

El ministerio de Defensa puso en marcha este martes el operativo de despliegue de efectivos en ciudad santafesina castigada por la violencia asociada al crimen organizado del narcotráfico.

“Hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico”, aseveró Petri junto a varios jefes militares frente al Monumento a la Bandera en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde fueron desplegados efectivos y medios de las Fuerzas Armadas.

Según la prensa local, se desplegaron un total de 120 militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que brindarán apoyo a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. También se desplegaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el marco del “Plan Bandera”.

“En el caso de las Fuerzas Armadas, ese compromiso inclaudicable, conforme lo establece la legislación actual, es a partir de un apoyo con los medios con los cuales cuentan las Fuerzas Armadas”, afirmó Petri.

Ahora, busca dotar a las tres armas de los elementos legales que garanticen una participación efectiva en la represión del delito complejo, cubierta normativamente.

Actualmente, el artículo 27 de la ley de Seguridad Interior sólo autoriza el requerimiento de las Fuerzas Armadas por el Comité de Crisis mediante la afectación de “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.

La ley también autoriza a las Fuerzas a desplegar tareas de combate para reponer la paz en un caso excepcional como el estado de sitio hasta que se restaure la normalidad.