“Protocolo antipiquetes”: declararon la incompetencia de Casanello
A la primera audiencia había asistido la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, quien defendió la aplicación del Protocolo, ante el juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST, FIT-U) quien presentó la demanda. (Télam) – (Foto: Alejandro Santa Cruz)
La Cámara Federal porteña declaró este miércoles la incompetencia de ese fuero para tramitar la denuncia presentada contra la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes” y resolvió que la causa se tramite en la justicia en lo Criminal ordinaria.
La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, en los tribunales federales del bario porteño Retiro, informaron a Télam fuentes judiciales.
La convocatoria estaba prevista para las 11 y, poco antes, el juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por “incompetencia” a Casanello.
Ante esta situación, ese trámite que había comenzado el miércoles pasado con un primer encuentro, quedó sin efecto, luego de que expusieron durante horas en la primera audiencia los legisladores de izquierda que presentaron la demanda y funcionarios del Ministerio, ante el magistrado y la fiscal del caso Paloma Ochoa.
Casanello rechazó un planteo de incompetencia hecho luego por el Ministerio, que apeló y obtuvo ahora fallo favorable en la Cámara.
A la primera audiencia había asistido la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, quien defendió la aplicación del Protocolo, ante el juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST, FIT-U) quien presentó la demanda, además de sus respectivos asesores legales.
La semana pasada y de manera posterior a la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.
Ahora el juez Farah lo apartó del caso y resolvió que vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio.
En caso de que este juzgado no acepte encargarse del caso, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
