El falso abogado Marcelo D’Alessio seguirá preso a la espera de inicio del juicio el 12 de septiembre
El detenido falso abogado Marcelo D’Alessio seguirá con prisión preventiva por decisión de la Cámara Federal de Casación, que avaló una prórroga de seis meses y encomendó al Tribunal que prepara el juicio por espionaje ilegal dar “celeridad” al proceso. (Télam)
El debate oral comenzará el próximo 12 de septiembre a cargo del Tribunal Oral Federal 8 de la ciudad de Buenos Aires contra el falso abogado y otros procesados en esa investigación por extorsiones y espionaje ilegal, informaron fuentes judiciales.
Ante ello, Casación avaló una nueva prórroga por seis meses de la prisión preventiva impuesta a D’Alessio, quien llegará así preso al inicio del debate.
Además encomendó al Tribunal que “con la mejor utilización de las herramientas tecnológicas a su disposición garantice el comienzo del debate en la fecha señalada” y que una vez iniciado “imprima celeridad a su desarrollo”, según la resolución de los camaristas Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Angela Ledesma.
El falso abogado está detenido en la cárcel de Ezeiza desde 2019 procesado por diez hechos de extorsión y lavado de dinero cometidos como parte de una asociación ilícita.
En 2021 afrontó un primer juicio oral en el que resultó condenado a cuatro años de cárcel por un intento de extorsión a un empresario, Daniel Traficante.
En el nuevo debate que comenzará el 12 de septiembre, serán juzgados otros procesados, entre ellos el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y el excomisario bonaerense Norberto Degastaldi, por nueve casos de asociación ilícita y extorsión.
El décimo caso que se les imputa es lavado y está vinculado a la existencia del grupo de WhatsApp “Buenos Aires”, hallado en el teléfono celular de D’Alessio, a través del cual un grupo de personas coordinaba acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.
Todos están acusados de haber formado parte de una asociación ilícita desde 2016 a febrero de 2019 que “planificó” y, en algunos casos, “ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación”, según el requerimiento de elevación a juicio.
El primer caso corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación y a quien le habría exigido 300.000 dólares para no involucrarlo en el llamado “caso Cuadernos”.
