Cuando funcionarios judiciales encubren delitos de unos pocos: Stornelli no asistirá al Congreso y avisó en la Procuración que estará a disposición “por escrito”

El fiscal federal Carlos Stornelli informó a la Procuración General de la Nación que se pondrá a disposición de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para dar testimonio “por escrito” en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, informaron hoy a Télam fuentes de ese organismo.

La decisión que Stornelli transmitió también por escrito a su superioridad redundará en que el fiscal no asista a la convocatoria que le fue formulada la semana pasada para que concurra mañana a las 13 a declarar como testigo ante los diputados nacionales que integran la comisión.

La comparecencia del titular de la fiscalía federal N°4 de los tribunales federales de Comodoro Py había sido reclamada y aprobada por la mayoría del Frente de Todos en la comisión de Juicio Político en el marco del proceso que se le sigue a los cuatro integrantes del máximo tribunal.

La convocatoria fue a los fines de que Stornelli explique los pormenores del dictamen con el que promovió el archivo de la denuncia judicial por el contenido de las supuestas conversaciones filtradas entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La notificación para que Stornelli compareciera en el Congreso le llegó el miércoles 1 de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia no es opcional y que no rige para esta convocatoria la excepción que prevé el Código Procesal Penal para magistrados, a los que se habilita a declarar por escrito o en su lugar de trabajo.

“Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar”, reza el reglamento que se citó en la convocatoria.

En el mismo oficio, se aclaró: “Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”.

El viernes último, además, desde la comisión parlamentaria enviaron una notificación a la Procuración General de la Nación para que su titular interino, Eduardo Casal, estuviera al tanto de las convocatorias que fueran realizadas a miembros del Ministerio Público Fiscal y su alcance.

Stornelli es el fiscal que, con su dictamen y en plena feria judicial, promovió el archivo de la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano (exasesor del senador nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Torres en la comisión bicameral de Inteligencia y defensor de uno de los imputados por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) para que se investiguen los mensajes atribuidos a Robles y D’Alessandro.

De los chats de Telegram filtrados surge que el asesor de Rosatti y el ministro porteño dialogaban sobre temas vinculados a los casos “Coparticipación” y “Consejo de la Magistratura” cuando ya estaban bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.

“No puedo dejar de advertir la existencia de obstáculos legales insalvables que impiden ingresar en un análisis sobre el fondo de los hechos investigados”, sostuvo Stornelli el 12 de enero, cuando promovió el archivo de la denuncia del abogado Marano y otra casi calcada presentada por otro abogado que se había acumulado en el mismo expediente.

“Ello pues, del análisis de ambas denuncias que nos ocupan no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que, conforme los alcances del objeto procesal de la citada causa CFP 4/2023, podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el fiscal, sin proponer medida de prueba alguna ni explicar en qué se basaba su hipótesis del espionaje ilegal.

Los reparos que puso Stornelli para solicitar el archivo de aquella denuncia “no los tuvo cuando impulsó la investigación de los Cuadernos, ni cuando denunció la supuesta operación ‘Puf Puf’ (que, decía, tenía por objetivo afectar el caso de los Cuadernos) con desgrabaciones de escuchas que le llegaron, supuestamente, de forma anónima a la puerta de su despacho”, cuestionó un abogado que siguió en detalle los tres casos.

Stornelli fue convocado a la Comisión de Juicio Político después de que por allí pasara el juez federal Sebastián Ramos, que fue quien, en rigor, archivó la denuncia promovida por el abogado Marano: el magistrado aseguró ante los legisladores que para tomar la decisión debió basarse en el dictamen fiscal, porque este no dejaba otro camino posible.

El eventual ‘faltazo’ de Stornelli mañana ante la comisión de Juicio Político repetirá una práctica a la que el fiscal ya recurrió ante una convocatoria a declarar.

Su nombre ocupó titulares de diarios durante nueve meses cuando faltaba una y otra vez a las citaciones del entonces juez federal de Dolores y hoy juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, para indagarlo en el marco del denominado ‘caso D’Alessio’.

En aquel caso el fiscal fue convocado por un juez y no por el Congreso y la citación era como imputado y no como testigo: después de seis llamados el fiscal compareció ante Ramos Padilla, quien finalmente lo procesaría en la causa en la que se investigaban supuestas maniobras tanto de espionaje como de extorsión, y que tenía como protagonista al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.

Para mañana también estaba citada a la comisión de Juicio Político la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta, quien intervino ante una denuncia por el mismo tema pero presentada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Ante la vista que le corrió en su momento el juez Alejo Ramos Padilla, la fiscal dictaminó que “más allá de la calificación jurídica que quepa asignar a dichos hechos de gravedad institucional”, correspondía “remitir el caso a la justicia federal de CABA por incompetencia territorial”.

Convocada para mañana al Congreso, Roteta informó que no podrá asistir porque participa de una capacitación que está recibiendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Salta y también adelantó que estará de licencia entre el 11 y el 19 de marzo, con el objetivo de que le fijen una nueva fecha. Fuente: Télam