Consejo de la Magistratura no avanza en denuncia a jueces Anzoátegui y Rizzi por fallos misóginos

(Télam) El consejero y diputado nacional (PRO) Pablo Tonelli convocó a reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura para mañana, pero no incluyó en los puntos a tratar el proyecto de acusación que realizó la consejera Vanesa Siley contra los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, por ejercer violencia de género en sus fallos.

La información la confirmó a Télam la abogada Soledad Deza, presidenta de la organización MujeresxMujeres (MxM) de Tucumán, una de las impulsoras de la denuncia.

Deza también contó que hoy presentaron una nota “a cada una de las consejeras para pedirles que impulsen el trámite porque consideramos que se está utilizando el status quo burocrático y los impedimentos predispuestos por Tonelli para detener la investigación y permitirles a los denunciados que continúen con el comportamiento misógino y sexista que denunciamos”.

En junio último, Mujeres x Mujeres hizo una nueva denuncia contra los jueces Anzoátegui y Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que se sumó al expediente N° 138/20 que tramita en el Consejo de la Magistratura.

La denuncia fue por un fallo del pasado 10 de mayo, donde los jueces condenaron a un hombre por asesinar a su pareja en febrero del 2021 y por el intento de asesinar a otra mujer.

El cuestionamiento surgió a raíz de los fundamentos del fallo, donde los jueces descartaron la aplicación de la figura de femicidio pedida por la fiscalía y se refirieron al término violencia de género como “inasible” y “oscuro”, entre otras consideraciones, donde repiten su ideología, ya cuestionada y denunciada ante el Consejo.

El origen de la denuncia que inició el expediente en el Consejo de la Magistratura, se originó por un fallo de septiembre de 2020.

Fue cuando los jueces consideraron, en una causa que tenía como imputado a un hombre de 30 años por las violaciones reiteradas contra su hermanastra durante casi 10 años, que efectores de salud que practicaron la interrupción legal del embarazo producto de los abusos eran “sicarios” y “asesinos a sueldo”.

Y calificaron a la interrupción legal del embarazo como “método de tortura de la mafia” y “rituales de las tribus antropófagas”.

Además, llamaron “manual de salvajadas inhumanas” al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación.

Y en la propia sentencia, los jueces decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.

Entonces, la defensora general Stella Maris Martínez pidió que se les inicié un proceso en el Consejo, y lo mismo hicieron desde la Fundación MxM , junto a la abogada porteña Julieta Arosteguy.

A esto se sumó que el año pasado, en un juicio penal donde Luz Aimee Díaz, mujer trans y trabajadora sexual había sido imputada, la nombraron como “el acusado” o “el imputado con tendencias homosexuales”, desconociendo el derecho a la identidad autopercibida reconocido en la Ley 26.743.

El 16 de julio de este año, el Consejo de la Magistratura decidió que la denuncia pase a la Comisión de Acusación, en base a la acusación que, con estos antecedentes y denuncias, presentó la consejera y diputada nacional (FdT), Vanesa Siley

“Tonelli, unilateralmente, decidió devolver el expediente a la Comisión de Disciplina, demostrando una clara intensión de obstaculizar el proceso acusatorio”, resaltó Deza.

Y aseveró que “no investigar es una forma de tolerar la violencia institucional de la falta de perspectiva de género de estos magistrados”.

MxM envió una nota a las consejeras Vanesa Siley , Graciela Camaño, Roxana Reyes, María Fernanda Vázquez y Jimena De la Torre, pidiendo que impulsen la acusación.

“La postergación exige que lo vuelvan a poner en agenda, lo que es una asimetría de poder, no solo por poner en la espalda de las organizaciones el escrutinio de los jueces, sino además por el impulso del trámite dentro del mismo mecanismos institucional”, señaló la abogada.