Insólito y sospechoso: Germán Garavano pidió que se destruya un informe sobre expresiones de exfuncionarios contra magistrados

Insólito y sospechoso: Germán Garavano pidió que se destruya un informe sobre expresiones de exfuncionarios contra magistrados

El exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos Germán Garavano solicitó hoy que se dicte la nulidad y que se destruya un informe sobre declaraciones públicas de dirigentes macristas contra jueces y fiscales realizado en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la denominada Mesa Judicial de la gestión de Mauricio Macri.

Según un cable de la agencia Télam, el extitular de la cartera de Justicia presentó, a través de su abogado, un escrito en el que reclamó que se “haga lugar a la nulidad planteada y disponga el desglose y destrucción del informe agregado a la causa, instruyendo a la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial) a que cese con la preparación del informe requerido”.

El informe que ahora es cuestionado por la defensa de Garavano fue requerido por el fiscal del caso, Franco Picardi, y elaborado por la Dajudeco, que depende de la Corte Suprema de Justicia.

Días atrás, se incorporaron al expediente los primeros resultados del relevamiento (los vinculados a las expresiones sobre la jueza de Casación Ana María Figueroa y la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó) y fue ello lo que motivó la presentación de la defensa del exministro que no había cuestionado la medida cuando se dispuso, según informaron fuentes judiciales.

“El relevamiento de las declaraciones y manifestaciones efectuadas por diversas personas a través de la prensa o de redes sociales, vinculadas con críticas al funcionamiento de un poder del Estado, con el fin de determinar un patrón de conducta, constituye una tarea de inteligencia en medios y redes que importa una persecución por razones ideológicas y una conducta lesiva a los DDHH, que violenta los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva”, sostuvo Garavano en su escrito.

“La medida ordenada por el señor fiscal ha sido criticada por diversos legisladores nacionales y del Parlasur, quienes efectuaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas -ADEPA- efectuó un comunicado manifestando su preocupación por la actividad ordenada por el señor fiscal. La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) se expidió en similar sentido”, reseñó la defensa del exministro.

“Esta investigación violenta derechos fundamentales, tanto de mi persona como de las restantes alcanzadas por la medida, entre otros, el expresidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, legisladores y exlegisladores nacionales, exfuncionarios y terceras personas ajenas a esta investigación. Resulta así un medio eficaz para silenciar, a futuro, voces críticas”, cuestionó.

La medida había sido solicitada por el fiscal luego de que las víctimas identificadas en el expediente refirieran en sus testimonios haber sufrido distintos tipos de presiones e incluyeran en su relato aquellas disparadas por exfuncionarios, dirigentes y otras personas vinculadas al gobierno de Cambiemos a través de medios de comunicación y redes sociales.

En ese contexto, la fiscalía solicitó a la Dajudeco que releve todas aquellas manifestaciones directas de carácter público de funcionarios y/o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales, hacia un conjunto de personas identificadas como víctimas.

Ese conjunto de personas al cual estaba supuestamente destinadas las presiones fueron jueces, exjueces, y fiscales entre los que se encuentran Ana María Figueroa, Martina Forns, Eduardo Farah, Marcela Pérez Pardo, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Diana Cañal, Luis Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Dora Eva Temis, Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler y Alejo Ramos Padilla.

Para los investigadores, las declaraciones de las víctimas presentaron coincidencias y patrones en común que ameritaron la realización del informe, porque en muchos casos fueron los propios magistrados los que expresaron que implicaban interferencias en sus funciones profesionales a riesgo de tener que renunciar, en algún caso; por lo que la medida estuvo orientada a corroborar tales dichos.

La propia Gils Carbó declaró en el expediente que “la violencia” se reproducía “a través de los medios por las palabras mismas del entonces candidato y luego presidente Mauricio Macri y por un coro de funcionarios que también replicaban esa exigencia de que renunciara, lo cual era absolutamente grave tratándose del cargo de Procurador General de la Nación”.

En aquella declaración, la exprocuradora recordó un artículo periodístico en el cual se citaba una orden que supuestamente el entonces presidente electo Macri le dijo a un grupo de asistentes “encárguense no la quiero en mi gobierno” y luego agregó que “la persecución cesó” cuando presentó su renuncia.

Figueroa, por su parte, había declarado que “la información que brindaban algunos medios de comunicación luego se traducía en actos institucionales concretos. Algunos hechos falsos enunciados mediáticamente, luego tenían correlato en falsas denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

genteba