Nación y Ciudad reunirán los equipos técnicos para avanzar en el traspaso de recursos para seguridad

Nación y Ciudad reunirán los equipos técnicos para avanzar en el traspaso de recursos para seguridad

El Gobierno entiende que los montos traspasados durante el macrismo a la Ciudad están por encima de los que corresponden para sostener el servicio de seguridad.

Fue luego de una reunión de los ministros de Interior y de Economía, Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Guzmán, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los ministros de Interior y de Economía, Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Guzmán, acordaron con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que los equipos técnicos de ambas partes se reúnan para avanzar en torno al diferendo por los fondos que la administración central deriva para sostener la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde las 17 y por casi una hora, los funcionarios nacionales y el alcalde porteño estuvieron reunidos en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.

“El presidente Alberto Fernández se comprometió durante la campaña de 2019 a construir un país más equitativo y federal. En ese marco, la decisión del Gobierno nacional fue subsanar un acto discrecional realizado por el gobierno anterior y ponerle fin a los privilegios”, dijo de Pedro una vez finalizado el encuentro.

En ese sentido, los funcionarios nacionales ratificaron la vigencia de la ley 26.606 aprobada en 2020 que incluía la conformación de un ámbito de diálogo bilateral por un plazo de 60 días que, en su momento, fue rechazado por las autoridades porteñas.

Por su parte, Martín Guzmán resaltó que el diálogo “es fundamental para construir un federalismo de concertación” y dijo que la voluntad del Gobierno nacional es “trabajar de forma cooperativa para resolver el diferendo”.

“Independientemente del reclamo de la Ciudad, desde el Gobierno nacional estamos mes a mes ejecutando los actos correspondientes para el cumplimiento de la ley 26.606”, afirmó.

Reunión entre los ministros de Interior y de Economía, Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Guzmán, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, desde la Ciudad se manifestó “predisposición al diálogo” pero, a través de un comunicado de prensa, resaltaron que consideran “inconstitucional la quita de fondos adjudicados al traspaso”, a partir de un decreto del entonces presidente Mauricio Macri.

En ese sentido, subrayaron que esta instancia “no significa que la Ciudad renuncia a la demanda ante la Corte Suprema como tampoco una convalidación de la Ley 27.606”.

Esa legislación, aprobada en diciembre último por el Congreso Nacional, establece que el “gasto anual” de la transferencia de seguridad, así como “su mecanismo de actualización trimestral”, sean acordados “en forma bilateral”, entre ambas administraciones.

El diferendo por esos fondos tiene su origen en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, cuando el expresidente -argumentando el traspaso de la Policía- incrementó por decreto los recursos destinados a la Ciudad del 1,4% al 3,75%.

Desde el punto de vista de la administración de Alberto Fernández, esa transferencia generó excedentes que acumularon, en el período 2016-2019, 86.269 millones de pesos en favor de la Ciudad.

Al poco tiempo de asumir, Fernández mantuvo reuniones con Larreta para tratar el tema y lo propio hicieron los equipos técnicos de ambos Gobiernos durante varios meses, pero mucho de lo avanzado quedó en espera por el comienzo la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.

En septiembre pasado, el Presidente redirigió los fondos hacia la provincia de Buenos Aires, decisión que llevó a la Ciudad a elevar un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.

Hacia fin del año pasado, todas las jurisdicciones -salvo la Ciudad- suscribieron un Pacto Fiscal en el que, entre otros puntos, acordaron que las funciones traspasadas a cualquiera de las provincias se deben hacer por ley y no se puede utilizar la Coparticipación para transferir fondos.

Casi simultáneamente, el Congreso aprobó la Ley 27.606 en la que se ordena que el “gasto anual” de la transferencia de la seguridad a la Ciudad y “su mecanismo de actualización trimestral” sean acordados “en forma bilateral”.

También la Corte Suprema avaló, durante la tercera semana de abril, que la resolución del diferendo se realice en el marco de la norma dictada por el parlamento. Télam

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