Con diferencias sobre la constitucionalidad del proyecto, avanza el debate sobre el aborto en Senado

Con diferencias sobre la constitucionalidad del proyecto, avanza el debate sobre el aborto en Senado

Expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto al proyecto de ley y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción. También fueron eje la objeción de conciencia y la mortalidad de mujeres por la práctica de manera clandestina.

Expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley oficial que prevé la interrupción voluntaria del embarazo y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción, durante la segunda audiencia de debate que se desarrolla por videoconferencia en el Senado.

La objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la mortalidad de mujeres por el ejercicio clandestino de la interrupción del embarazo fueron también eje del plenario de comisiones en el que los senadores buscaron despejar dudas sobre la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, con media sanción de la Cámara de Diputados.

El primero de los expositores, el profesor de derecho constitucional Pablo Garat, consideró que esta iniciativa “tiene que pasar el test de constitucionalidad”, afirmó que “todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates” y dijo que Argentina aún “debe aclarar” su posición respecto a si “se es niño desde la concepción”.

El exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que “no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto”, sostuvo que quienes se oponen a la práctica “personifican u humanizan al proyecto de vida” y remarcó que “el embrión no es una persona ya nacida” y “el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer” ya que “la vida necesita un desarrollo para nacer”.

-“No hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto”- Ricardo Gil Lavedra

Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que “nuestra Constitución protege la vida desde la concepción”, señaló que el Estado “debe ofrecer opciones” a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto “da derecho a abortar pero no a decidir”.

“Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica”, dijo la abogada.

Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que “no hay ningún tipo de incompatibilidad” entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño” sino que “por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes”.

Los cálculos dan una pequeña ventaja en favor de la sanción de la ley.

Para el abogado Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley “pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen”.

Gala Díaz langou, directora de protección social de Cippec, consideró que la iniciativa “puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad” y advirtió que “la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres”.

-“Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica”- Ursula Basset

María Elena Critto, socióloga, señaló que “hay muchos mitos respecto al aborto” como el hecho de que “la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna” en el país o la idea de que “la legalización del aborto reduce la mortalidad”.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva “maltratos y discriminación”, mientras que Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.

El plan de trabajo incluye para esta semana cuatro plenarios de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales, Salud y la Banca de la Mujer.

Segunda jornada

La segunda audiencia de debate en el plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales, que continuará por la tarde con otros diez expositores, se desarrolló durante cerca de cuatro horas sin contratiempos ni cruces verbales entre los senadores.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, que este lunes se había quejado de aspectos de la ley, elogió el clima de la videoconferencia pero pidió “no increpar” a los expositores en alusión a la senadora Beatriz Mirkin, que interrumpió a uno de los oradores, el abogado Bianchi, en desacuerdo con sus expresiones contrarias al aborto.

La senadora opositora Silvia Elías de Pérez cuestionó, en el turno de las preguntas, aspectos de la normativa que implican consagrar “el derecho al aborto” y reprobó que no se tenga en cuenta en la propuesta “los derechos del padre”. Télam

“Sabemos que este proyecto solo no alcanza”, dijo Vilma Ibarra sobre el IVE

La secretaria Legal y Ténica de la Presidencia, Vilma Ibarra, declaró hoy en el Senado que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por sí solo “no alcanza”, pero ratificó que lo que se busca es poner un freno a “las muertes evitables y abordar el problema de salud pública” que acarrean los abortos clandestinos.

“No queremos que ninguna mujer que curse un proceso de maternidad piense en una situación de aborto por dificultades, queremos que el Estado este allí”, expresó la funcionaria y recordó que el proyecto del IVE fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ibarra planteó: “Tenemos que hacernos cargo como sociedad y desde el Estado del gravísimo problema que afecta a las mujeres, es un problema de salud pública”.

“Sabemos que este proyecto solo no alcanza. Sabemos que lo que se necesita para disminuir la cantidad de abortos es un reforzamiento muy amplio de la educación sexual integral y de prevención de violencias y abusos”, insistió.

La funcionaria participó de la redacción de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, junto a otra que apunta a proteger a las mujeres embarazadas y a los primeros años de la infancia.

Ibarra exhortó a tener “una mirada de justicia social” y a considerar que hay mujeres que “pueden costear (un aborto) y acuden a excelentes profesionales en condiciones seguras”, pero otras, sin recursos, son las que corren los “riesgos” cuando interrumpen un embarazo.

“Esto sucede en Argentina y queremos estar allí acompañando a las mujeres”, expresó Ibarra, y sostuvo que si el proyecto se aprueba “no se violenta las creencias de nadie ni las ideas de nadie”.

“Sin embargo, algo habrá cambiado: vamos a tener menos infecciones, menos perforaciones intrauterinas menos sufrimiento de mujeres, menos muertes evitables y nuestro objetivo es que haya menos embarazos no intencionales y abortos”, concluyó.
Veinte expositores para la primera audiencia por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El plenario de las Comisiones de Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales y Salud del Senado recibirá el martes a los primeros veinte expositores que desarrollarán sus puntos de vista de cara a la discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.

La ronda de consultas fue abierta hoy por los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y por la Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Para mañana cada expositor tendrá siete minutos y, cada cinco disertantes, se hará una ronda de preguntas. El tiempo que disponen para responder es de tres minutos.

Para el primer bloque, de 10 a 13, fueron convocados Pablo Garat, Profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Ricardo Gil Lavedra, abogado e integrante del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas; Úrsula Cristina Basset, profesora titular en Derecho de Familia; Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, Especialista en Derechos Humanos; y María Cristina Álvarez Traviesa, Magister en Ciencias Políticas, especialista en Políticas Públicas para la infancia.

Además, disertarán Gala Diaz Langou, directora de Protección Social en Cippec; María Elena Critto, Socióloga; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Alberto Bianchi, abogado penalista, y Luciana Sánchez, abogada penalista y fundadora de la línea “Más

información menos riesgos” iniciativa del grupo “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”.

De 15 a 18 se escucharán los testimonios de Edgardo Young, especialista en fertilización asistida; Aida Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba; Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista; Melisa García, abogada feminista; Débora Rainieri, abogada e investigadora de UCA y UBA; Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva de ELA, y María Inés Franck, licenciada en Ciencias Políticas y abogada, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia.

Por último, figuran en el listado Marta Lamas Encabo, antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM); Santiago Alfonso, doctor de derecho y abogado por la UBA, y Susana Chiarotti, abogada argentina de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Notas relacion

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