ACIJ consiguió que el Gobierno de la Ciudad haga pública la información sobre la totalidad de su personal y sus remuneraciones

ACIJ consiguió que el Gobierno de la Ciudad haga pública la información sobre la totalidad de su personal y sus remuneraciones

A partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por ACIJ y un reclamo resuelto por el órgano garante de acceso a la información de la Ciudad, el GCBA cumplió -tras meses de insistencia- con su obligación de brindar la información completa sobre su nómina de autoridades y personal bajo todo tipo de contratación y sus respectivas remuneraciones brutas. Una ley de 2001 lo obligaba a publicarlo en Internet, pero el Poder Ejecutivo nunca lo había cumplido.

Consultá las bases de datos desde aquí.

La ley 572 sancionada en el año 2001 por la Legislatura de la Ciudad establece que los tres poderes del Estado local tienen la obligación de publicar de manera periódica en internet la totalidad de la información relativa a la nómina de autoridades y personal, tanto aquellas que forman parte de su planta permanente como de quienes trabajan bajo otras modalidades de contratación por locación de servicio u obra.

Ante el incumplimiento histórico y sistemático de esta obligación, ACIJ presentó el pasado 4 de octubre de 2019 un pedido de acceso a la información pública a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

De forma casi inmediata, el Gobierno de la Ciudad respondió al pedido con la información sobre las personas que se encuentran contratadas bajo las modalidades de locación de servicio u obra. Sin embargo, luego de una audiencia pública y varias postergaciones, se negó a entregar la información sobre su planta permanente, en particular la referida a las fuerzas de seguridad. Como argumento, en su respuesta el Poder Ejecutivo planteó la aplicación de excepciones a la entrega de información pública por cuestiones de seguridad y protección de datos personales, pero sin una fundamentación del motivo por el que se aplicaban a la información requerida.

Por esta razón, ACIJ presentó un reclamo ante el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de Buenos Aires (OGDAI), que fue resuelto con fecha 27 de junio. Allí, y haciendo lugar a los argumentos expuestos por la Asociación, la autoridad de la Ley 104 estableció que las excepciones enunciadas no eran aplicables dado que no existía un peligro concreto en materia de seguridad pública y que la información requerida no alcanzaba datos personales sensibles (Accedé a la resolución).

Finalmente, el 14 de julio ACIJ recibió la totalidad de la información faltante, que se encuentra dispoible en el siguiente link.

Respecto a la forma en la que se respondió el pedido, en muchos casos se recibieron de parte de los distintos ministerios y organismos las bases de datos sobre personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicio u obra en documentos con formatos que no permiten la reutilización de la información, como por ejemplo “.pdf”. En los restantes casos, la información se entregó en formato Excel, un tipo de documento que si permite una mejor reutilización de la información.

El acceso a la información pública es un derecho elemental de cualquier sistema democrático y debe ser protegido mediante la aplicación de los estándares más exigentes en la materia. En este caso, la información sobre la nómina de la totalidad de quienes trabajan en el sector público y la retribución que reciben por ello permite que la ciudadanía pueda ejercer un adecuado control sobre el uso de recursos públicos. Por este motivo, es fundamental que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumpla con la Ley 572 de forma completa, actualizada, accesible y en datos abiertos mediante la publicación proactiva en sus sitios web de esta información.

genteba