La Superintendencia de Servicios de Salud deberá reasignar afiliados de una prepaga a otras prestadoras

La Superintendencia de Servicios de Salud deberá reasignar afiliados de una prepaga a otras prestadoras

La Justicia intimó al organismo a garantizar el efectivo cumplimiento de las prestaciones de salud.

La Justicia Federal intimó al organismo estatal a reasignar a unas 500 personas afiliadas a Salud Plena, la prepaga que compró la prestación médica de la Mutual Odontológica Argentina (MOA), ambas denunciadas por incumplir con el servicio.

La Justicia Federal intimó a la Superintendencia de Servicios de Salud a reasignar a otras prepagas a las 500 personas afiliadas a Salud Plena, la prepaga que compró la prestación médica de la Mutual Odontológica Argentina (MOA), ambas denunciadas por incumplir con el servicio por el que se abonan cuotas de hasta 35 mil pesos, informaron hoy fuentes judiciales.

La medida cautelar, que fue dispuesta el pasado lunes por el Juez Marcelo Gota, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 11, dispuso que la Superintendencia “proceda de inmediato a tomar medidas pertinentes a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las prestaciones de salud”.

Con este fin, el juez dispuso que el organismo estatal debe “provisoriamente y hasta tanto se dicte sentencia reasignar la nómina de los afiliados (…) a aquella entidad que se encuentre en condiciones de brindar el servicio eficientemente de acuerdo a las necesidades de cada afiliado”.

En diciembre del año pasado, unos 110 afiliados presentaron un amparo colectivo ante el Fuero Civil y Comercial Federal de la Nación para denunciar a Salud Plena (SP Health Group S.A.S), la prepaga que absorbió los afiliados de MOA, que también fue denunciada.

Antes de esta venta, MOA brindaba un servicio que incluía centros de salud como el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Clínica San Camilo, Hospital Alemán, Hospital Italiano, Sanatorio Otamendi, Bazterrica, pero tras el cambio sólo quedaron con la prestación del Hospital Militar, que por momentos interrumpió el servicio por falta de pago.

Cautivos de la situación -80 tienen discapacidad y la mayoría es mayor de 60 años con patologías previas por lo que no son tomados por ninguna otra prestadora de salud-, las y los afiliados contaron en diciembre a Télam las dificultades que atravesaban para la atención.

Entre ellas, denunciaron que a pacientes que necesitaban un trasplante le cambiaron a último momento la clínica, que suspenden los turnos cuando las personas incluso con dificultades de movilidad llegan a la consulta o que no autorizan medicamentos, lo que se agrava en el contexto de la pandemia por coronavirus.

Durante este año, la Justicia dio la razón a las personas afiliadas en diferentes instancias.

La última fue el 25 de junio cuando la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó las resoluciones de primera instancia -que ordenaba a la empresa a restablecer las prestaciones originariamente pactadas-, exhortó a la Superintendencia de Servicios de Salud para que “arbitre las medidas necesarias a los fines de concluir las auditorías” y mandó poner en conocimiento del Ministerio de Salud la situación de los afiliados.

Durante este tiempo, MOA y SP no cumplieron la medida cautelar que ordenaba restablecer las prestaciones originariamente pactadas, por lo que se aplicaron, además, sanciones económicas.

No es la primera demanda que tienen ambos actores: MOA cuenta con al menos diez causas en el fuero comercial y cinco en el civil, mientras que SP Health tiene dos en el civil y una el fuero comercial. Fuente: Télam

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