Denuncian a Marcos Peña y Gabriela Michetti por contrataciones irregulares de casi $ 300 millones

El ex Jefe de Gabinete Marcos Peña, la ex vicepresidenta y Gabriela Michetti, fueron denunciados ante la justicia por autorizar compras irregulares por un valor de casi $ 300 millones de pesos durante el macrismo.

Según la presentación, se habría gestado un esquema de contratación de empresas publicitarias en violación a la normativa vigente por un monto de al menos 291 millones de pesos.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodriguez, presentó este jueves 28 de mayo una denuncia penal en la justicia federal para que se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.

La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales.

Dichas empresas habrían participado en el desarrollo de campañas publicitarias y encargado de la publicidad oficial de distintos organismos públicos durante la gestión macrista.

Para lograr tal cometido, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial.

Ello fue posible a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.

Pero además, de acuerdo a la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA.

De esta manera las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.

También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.

Además de los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.

Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, por lo menos, $291.000.000 provenientes del erario público.

Interviene el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, que encabeza Jorge Felipe Di Lello.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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