Luego de que el impuesto a las grandes fortunas obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados con 133 votos positivos, el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó que la propuesta “está orientada a lograr una mayor equidad y disminuir las desigualdades que se profundizaron a partir de la emergencia sanitaria” y solicitó a los senadores su rápida aprobación.

“La pandemia empobrece y eleva el sufrimiento de amplios sectores del pueblo. Este aporte que logró media sanción se convierte en una iniciativa orientada a lograr una mayor equidad y disminuir las desigualdades que se profundizaron en el mundo y también en nuestro país a partir de la emergencia sanitaria”, desarrolló el dirigente estatal.

El documento determina que el dinero recaudado se orientaría a distintas áreas críticas: 20% para la compra y/o fabricación de insumos para sanitarios; 20% para las pymes; 20% a becas del plan Progresar; 15% a los programas de desarrollo en barrios populares; y 25% a programas de desarrollo de gas natural.

Tan sólo el 0,02% de la población argentina sería alcanzada por este gravamen, siendo apenas 9.298 personas reales, según la AFIP, quienes poseen más de 200 millones de pesos. “Por fin van a pagar aquellos que se llenaron los bolsillos con las políticas de especulación financiera y el saqueo de nuestros recursos”, celebró el adjunto de ATE y agregó: “Debe ser el primer paso para avanzar en la reforma del actual sistema de recaudación impositivo absolutamente regresivo que rige en la Argentina”.

Aguiar también lamentó que el proyecto “no tenga el carácter permanente que muchos reclamamos”, pero expresó que “la sensación resultante es que estamos ante la primera gran medida concreta y clara de redistribución de la riqueza que impulsa el gobierno de Alberto Fernández”.

El bloque de Juntos por el Cambio votó negativamente esta iniciativa, sumando 115 rechazos, mientras que los dos representantes del Frente de Izquierda se abstuvieron.

El secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió la creación de la Mesa de Enlace Libertador General San Martín, integrada por militares y policías retirados y ex miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por tratarse de “un intento más para desestabilizar, atemorizar y preocupar a la sociedad”.

“Es repudiable el accionar de este grupo de retirados que intentan imponerse por sobre la sociedad, pasando por encima incluso de las actuales autoridades de las Fuerzas de Seguridad”, señaló el dirigente nacional. La presentación de esta mesa fue en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida y tiene como articulador a Ernesto Juan Bossi, quien ya participó en una maniobra similar en 2004 contra Néstor Kirchner.

La mesa de enlace se presentó con tres objetivos: participar en el debate público, amalgamar la familia militar y determinar intereses comunes y particulares de los uniformados. En esta línea, el adjunto de ATE sostuvo: “No buscan mejorar el sueldo ni las condiciones laborales de los oficiales que diariamente deben salir a la calle. Si esto fuera así, uno de sus integrantes, Pablo Bressi, hubiera hecho algo cuando durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal fue jefe de la Policía Bonaerense. Todo lo contrario, se fue con denuncias por corrupción”.

Aguiar recordó lo sucedido en septiembre de este año, cuando un grupo de oficiales de la Policía Bonaerense rodeó la quinta presidencial de Olivos, estando uniformados y armados, exigiendo un aumento salarial que les fue concedido casi inmediatamente. “Estos dos hechos están íntimamente relacionados. Las fuerzas armadas buscan ganar cada vez más terreno público tal como sucedió en distintos países de latinoamérica. Estoy convencido de que en la Argentina se les va a hacer muy difícil volver a imponerse luego de que la sociedad haya dicho Nunca Más”, manifestó.

“Si a este grupo de retirados realmente les interesara la realidad de los oficiales en actividad, acompañarían a las autoridades actuales. Pero en lugar de eso prefieren formar una organización aparte, utilizar fondos estatales de la Sociedad Militar y seguir cobrando tranquilamente sus pensiones de entre 200 y 230 mil pesos al mes”, concluyó el adjunto de ATE. Estas cifras fueron publicadas por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien además explicó que recibieron un aumento promedio de 50 mil pesos en el último mes.

El secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó su inquietud con el proyecto de ley para el presupuesto del 2021, el cual ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, indicando que “genera una gran preocupación porque se advierte una norma condicionada por el FMI y que no está orientada a atender los efectos devastadores de la pandemia, como si estos hubieran desaparecido mágicamente”.

“Debemos pensar en lograr una reformulación o correcciones, que aunque sean futuras, aseguren una rápida reactivación de la economía por vía de los consumos populares”, agregó el dirigente. El proyecto comenzaría a ser debatido en el Senado a mediados de esta semana, luego de haber obtenido el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda de dicha Cámara.

El proyecto estima para el año siguiente un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) de 5,5%, una inflación del 29%, un gasto global de 8 billones de pesos y un pago de intereses de la deuda equivalente al 1,5% del PBI. En esta línea, el adjunto de ATE analizó: “Se considera por su gran importancia para la Nación que el presupuesto anual es la ley de leyes y que es en ella donde los gobiernos fijan sus prioridades políticas. En este caso, si uno analiza el proyecto ya aprobado en diputados se advierte que la gestión ha decidido que la pandemia desaparecerá a partir del primero de enero. Y aunque haya incertidumbre o pudiera aparecer la vacuna, lo cierto es que los efectos sociales y laborales no desaparecerán con ésta”.

Aguiar resaltó que “la emergencia sanitaria dejó al descubierto graves problemáticas que debieran ser una prioridad y no lo son, como la pobreza, indigencia, hacinamiento, crisis habitacional y acceso a servicios esenciales como el agua potable, salud y educación”. “Tampoco es una buena noticia que el presupuesto no contemple la continuidad del IFE y las ATP”, agregó. A pesar de las especulaciones, el Gobierno aún no oficializó cómo continuaría la cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia para fines de este año.

“Esperemos que la letra de esta ley sea para convencer a la nueva misión del FMI y que cuando llegue el momento de su ejecución real la recuperación salarial de los activos y las jubilaciones adquieran centralidad para lograr salir de la crisis actual”, concluyó el referente estatal.

El secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, sugirió la restitución del impuesto al champagne y la implementación de un gravamen a las herencias para “lograr una recuperación real de los ingresos en el sector público”. “Se deben abandonar las políticas de corto plazo y pensar en la creación de un Fondo Federal Salarial Estatal que esté integrado por lo recaudado bajo estos conceptos”, exigió.

“Se debe restablecer el impuesto al champagne que fue eliminado durante la gestión macrista y además comenzar a gravar las herencias o transmisión gratuita de bienes, tributo éste que rige en varios países y que aquí fue derogado durante los primeros días de la última dictadura militar”, explicó. Distintas provincias intentaron implementar esta última medida, pero sólo en Buenos Aires sigue vigente desde 2013. Allí actúa sobre herencias superiores a 200 mil pesos, en tanto sean herederos directos, y aplica un 4% sobre el excedente de esa suma. En el resto de los casos, este porcentaje rige a partir de 50 mil pesos y se atribuye al total.

Aguiar señaló que “los salarios de los estatales fueron destruidos durante los últimos años y existe mucha disparidad entre las administraciones nacional, provinciales y municipales” y que para ello se deben “abandonar las políticas de corto plazo y pensar en la creación de un Fondo Federal Salarial Estatal que esté integrado por lo recaudado bajo estos conceptos”. Según datos del Ministerio de Hacienda en 2018, existen 198.836 empleados de la administración pública nacional; 2.366.599 provinciales; y 596.812 municipales.

“La producción y exportación de litros de espumantes han experimentado un fuerte crecimiento en la última década. Si se vuelve a aplicar la histórica retención del 12%, se podrían recaudar varios miles de millones de dólares y lo mismo ocurriría con el impuesto sucesorio. En este último caso, hay que diferenciar herederos directos de los indirectos para definir el monto sujeto a gravamen y la modalidad de aplicación del mismo. No sería descabellado pensar que se instrumente cuando la suma supere los 500 mil pesos”, detalló.

Algunos países donde se aplica el impuesto a las transmisiones patrimoniales son Estados Unidos, Francia, Japón, Suecia, Reino Unido, España, Chile, Brasil y Uruguay. En este último, la tasa es del 3% para los herederos directos y 4% para los restantes. Por su parte, la industria del champagne tuvo un fuerte crecimiento durante las últimas décadas, pasando de ser 59 bodegas las que produjeron 18 millones de litros en 2005, a 165 las que generaron 42 millones de litros en 2014. Un aumento del 109% en 10 años.

En base a la propuesta de un Fondo Federal del Salario Estatal, el adjunto de ATE analizó la situación del sector: “La Constitución nacional dice claramente que por igual tarea debe existir igual remuneración. Esto no existe en el Estado. Un trabajador municipal cobra dos o tres veces menos que uno provincial y hasta cinco veces menos que alguien que presta servicios en algún organismo nacional. Le tenemos que poner fin a esta discriminación y sólo podremos si pensamos en transformaciones profundas”.

Aguiar concluyó que “el Estado presente que se demanda en plena pandemia, y que deberá fortalecerse aún más para ayudar a que el país supere el derrumbe económico y social, necesita trabajadores sin precarización laboral y plena jerarquización salarial”. Ambas propuestas, sumadas a un posible gravamen a las grandes fortunas, permitirían una mayor redistribución de riquezas en el país.

Tras reunirse con el Jefe de Policía de Río Negro, Daniel Jara, la CTA Autónoma provincial logró la liberación de los detenidos tras el brutal desalojo del predio del Polígono de Tiro en General Roca. Manifestantes de la central se habían congregado en la puerta de la Comisaría 3 a la espera de su libertad.

Además, en comunicación con el ministro de Desarrollo Social, Juan Decó, se garantizó una reunión para el lunes y comenzar a relevar las necesidades de las familias y brindar soluciones.

“Por más palos que peguen y balas que tiren, no van a cambiar la realidad que muestra que media Argentina es pobre y tiene hambre. Se necesitan políticas de Estado orientadas a garantizar comida, techo y trabajo”, señaló el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, desde el lugar del desalojo en su ciudad natal. Los últimos datos del Indec señalan que más del 40% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza.

“No es ni la Justicia, la Policía, los políticos o empresarios por separado, son todos juntos y se llama poder real. Todos al servicio de los ricos. Están entregando nuestras tierras a magnates extranjeros y son cómplices del saqueo de todos nuestros recursos naturales”, agregó el dirigente.

“Hay muchos (Sergio) Berni en el país que se hacen los guapos con los más débiles y desprotegidos, pero se arrodillan frente a Lewis, Benetton y Zorreguita. Andan con la escopeta en los barrios, pero a la tardecita toman el té en la mansión del Lago Escondido”, señaló en referencia a las tierras apropiadas por estas familias.

La central obrera exigió una urgente política habitacional que revierta el déficit de vivienda y hacinamiento de los sectores populares. La pandemia incrementó los niveles de pobreza e indigencia en medio de un concentrado mercado inmobiliario.

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El secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, denunció penalmente ante la justicia federal a la legisladora provincial radical Patricia De Ferrari Rueda, quien días atrás evocó la vuelta de los “falcon verde” de la dictadura en una red social, para “impartir justicia”, y pidió además que sea expulsada del cuerpo.

“¿Falta mucho para que aparezcan los falcon verde para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”, se había planteado en su cuenta Twitter De Ferrari Rueda el 22 de octubre último.

Por eso, el miércoles fue suspendida por la Legislatura Unicameral de Córdoba por seis meses, aunque esta sanción para Giuliani “es vergonzosa”.

“Entendemos que deberían expulsarla del cuerpo ya que los hechos son lo suficientemente graves como para hacerlo. La mera suspensión expresa cómo el cordobesismo se cubre entre sí en un pacto espurio que incluye al gobierno provincial y a Juntos por el Cambio. De seguir así en seis meses se olvidaron del tema”, resaltó Giuliani a Télam.

En su denuncia ante la Justicia, afirmó que los dichos de De Ferrari implican “un llamado explícito a ‘impartir justicia’ a particulares afines con esos métodos violentos prohibidos por el Tratado de Roma y Nuestra Constitución; es decir la incitación a reemplazar el poder judicial constitucional por otros, que ejecuten los métodos del Falcon verde”, en referencia al auto que solían utilizar las fuerzas represivas de la dictadura para secuestrar personas.

Por su parte, De Ferrari Rueda hizo el descargo y manifestó que su tuit “resultó en una desafortunada analogía que fue interpretada en una manera que ofendió a muchos. Por esa razón pedí disculpas”.

Añadió que muchos pudieron sentirse sinceramente ofendidos por esa “desafortunada expresión”, pero, afirmó, “no es lo que pienso”.

El lunes último, el espacio político del Frente Grande de Córdoba había presentado una denuncia penal contra la legisladora, por considerar que sus expresiones representaban una “clara instigación a la comisión de delitos o apología del crimen y falta de respeto a las víctimas del terrorismo de Estado”.

Luego de que la legisladora cordobesa de Juntos por el Cambio, Patricia de Ferrari,pidiera que un “falcon verde imparta justicia” contra el dirigente social Juan Grabois, el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, repudió duramente sus dichos señalando que “no puede continuar ni un minuto más en su banca” y que “si no renuncia, debe ser expulsada”.

“Sus declaraciones son una falta de respeto hacia todo el pueblo argentino y su historia, las cuales llegaron justo en una fecha tan importante como el Día de la Identidad. Hitos como el 22 de octubre nos sirven a los argentinos para reforzar la idea de ‘Nunca Más’, pero pareciera ser que todavía tenemos que convivir con sectores políticos que no comparten este pensamiento”, indicó el referente estatal. La legisladora cordobesa borró la publicación cuestionada y atribuyó la responsabilidad a un error de redacción.

La polémica surgió en medio de la disputa que se da en el campo Las Margaritas del ex ministro de Agricultura de Cambiemos, Luis Etchevehere, y su familia. En esta línea, Aguiar destacó el fallo del juez subrogante de Garantías Raúl Flores, quien desestimó el intento de desalojo: “Esperamos que el ex funcionario respete esta decisión y no tengamos que enterarnos que sus patotas están amedrentando a la gente”.

“Cuando algunos empresarios agroexportadores, como Etchevehere, hablan de defender la propiedad privada, en realidad lo que quieren suele ser la tierra mal habida que muchos de ellos poseen”, finalizó el adjunto de ATE. Los trabajadores que ocuparon el campo con el respaldo de Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro, ya comenzaron a trabajar y producir.

NdeR: La legisladora borró lo que había publicado en Twitter, para pedir disculpas, pero ya era tarde, porque argumentó que fue mal interpretado. Algo que no parece muy convincente. ¿Qué otra interpretación se puede dar a semejante Tweet?

Pasada la paritaria con el Gobierno nacional y su rechazo por parte de ATE, su secretario adjunto, Rodolfo Aguiar, apuntó contra el otro gremio estatal, UPCN, y su secretario general, Andrés Rodríguez, por la aceptación del aumento de 7 por ciento: “Esta negociación en el sector público es un claro ejemplo de la actuación del sindicalismo empresarial en nuestro país”.

El referente nacional consideró que “el alto nivel de descreimiento que pesa sobre los sindicatos no es casual”, sino que “responde a la existencia de dirigentes gremiales que dejaron de ser trabajadores y desde hace mucho tiempo piensan, hablan y viven como empresarios”. La crítica es dirigida a Rodríguez, quien además de conducir la organización del personal civil hace 30 años, es miembro de la sociedad rural. “Hoy la actividad sindical mantiene privilegios que lindan con la impunidad. Existen gremialistas millonarios, con grandes fortunas, que representan a trabajadores pobres”, agregó.

“Hace décadas que Andrés Rodríguez no visita el sector público ni escucha a un trabajador estatal. Le dedica más tiempo a su cargo en la Sociedad Rural y a las actividades hípicas que a su responsabilidad gremial. Precisamente son su inmoralidad y oficialismo perpetuo los que permiten avalar rebajas salariales y altísimos niveles de precariedad laboral en el Estado. Este mismo personaje es el que el año pasado apoyó y respaldó todas las políticas macristas, intentando garantizar que miles de funcionarios militantes del PRO se quedaran en la administración y ahora firmó sin dudarlo y con cierta algarabía un vergonzoso aumento del 7% en un año donde la inflación podría llegar al 35%”, sentenció.

En esta línea, Aguiar manifestó la necesidad de que “las entidades sindicales del país inicien transformaciones internas profundas, orientadas a democratizar y transparentar su funcionamiento”, ya que “esta será la única manera de recuperar la confianza perdida por parte de la sociedad”. Según una encuesta realizada por la consultora Latinobarómetro en 18 países del continente, relevando a más de 600 millones de personas durante los últimos 20 años, 7 de cada 10 argentinos no confía en los sindicatos.

“Se deben terminar las reelecciones indefinidas. Un dirigente no puede estar al frente de una entidad más de dos períodos sucesivos. Se impone la necesidad de limitar los mandatos”, indicó el adjunto de ATE detallando otra de las grandes falencias de las organizaciones sindicales: “Cualquier reforma en la que se avance tiene que plasmar además el protagonismo de las mujeres y todos los derechos por ellas conquistados. Si algo se advierte es que el mundo gremial sigue siendo profundamente machista y patriarcal. También se deben impulsar grandes cambios en ese sentido”.

Una multitudinaria caravana de autos marchó hacia el Congreso de la Nación en rechazo a la propuesta del Gobierno de aumentar apenas 7% a los trabajadores estatales. “La decisión está en sus manos. Si de una vez por todas eligen ajustar a los de arriba, a los ricos, van a encontrar nuestro total apoyo. Si por el contrario deciden golpear a los de abajo, seguiremos en la calle defendiendo a los que menos tienen y más sufren”, manifestó Rodolfo Aguiar, secretario adjunto del sindicato, recordando las medidas económicas anunciadas la semana pasada, donde se bajaron los derechos de exportación a la soja, carne y minería.

El referente nacional se refirió también a la aceptación de la oferta por parte del otro gremio estatal: “Que UPCN haya firmado con algarabía este aumento es absolutamente repudiable. Frente a esto no podemos callar. No podemos avalar con nuestro silencio cómplice una rebaja salarial que muestra cómo aún hay sindicatos que los conducen desde el Jockey Club y la Sociedad Rural”, aludiendo al sindicalista Andrés Rodriguez.

Los vehículos comenzaron su marcha a las 11 desde la Avenida 9 de Julio para concluir en la plaza del Congreso, donde realizaron un acto final. En este sentido, Aguiar consideró que “la multitudinaria caravana y masiva protesta en Capital Federal, sumada a las decenas de miles de estatales que se movilizaron en las provincias, son una prueba que el rechazo al 7% es rotundo en todo el país”. Además de las marchas, se realizaron cese de actividades tanto presenciales como virtuales.

“Este incremento se transforma en un grave destrato a los trabajadores esenciales. Justo a quienes tienen que garantizar el funcionamiento de un Estado que adquiere centralidad en la pandemia para enfrentar la emergencia sanitaria y responder a las demandas de todos los sectores afectados por el derrumbe económico y social que de ella se deriva”, concluyó. Adhirieron a la movilización los sindicatos y organizaciones nucleados en la CTA Autónoma, como Fesprosa, de profesionales de la salud, y Conadu Histórica, de docentes universitarios.