“Nunca había ocurrido algo así en nuestro sistema jurídico. La Corte se está arrogando facultades que son del legislativo”, afirmó Mena esta mañana, en declaraciones a radio Futurock FM, y adelantó: “Vamos a avanzar con una reforma judicial profunda”.

Ayer, la Corte Suprema -con la firma de tres de sus miembros- dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar “de manera inmediata” con la presidencia de Rosatti.

“La Corte se tomó seis años para analizar 20 artículos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura” y ahora “estamos cediendo calidad democrática con esta maniobra de la Corte y no podemos permitirlo”, indicó Mena en sus declaraciones de esta mañana.

“La Corte tomó una decisión cien por ciento y exclusivamente política”, remarcó Mena, quien resaltó que “hasta (el expresidente del máximo tribunal, Ricardo) Lorenzetti votó en disidencia y les dijo a los magistrados que estaban yendo más allá”.

En ese sentido, agregó: “Quién no ve en el fallo de la Corte un movimiento político para condicionar a los otros dos poderes del Estado, no está queriendo ver lo que pasa en nuestro país”.

Respecto a la actitud adoptada por los sectores de la oposición, Mena manifestó que “por la mezquindad de sacar una ventajita en contra del Gobierno, los senadores y diputados están cercenando sus facultades”. Fuente: Télam

En un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini en la causa en la que Macri está procesado por supuesto espionaje ilegal a familiares de 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, el abogado defensor Pablo Lanusse informó de la nueva salida del país, explicaron fuentes judiciales.

El letrado informó “la necesidad del señor Mauricio Macri de realizar un viaje fuera del país del 3 al 7 de mayo de 2022, ambos inclusive”, explica el escrito.

“Finalmente hago saber que los datos del destino, de alojamiento, de traslado y sus motivos serán informados por escrito separado en el Legajo n°21, al que solicito -tal como ya se dispuso en autos- se le dé trámite de reservado”, concluyó

El procesamiento de Macri comenzará a ser revisado la semana próxima por la Cámara Federal porteña que convocó a una audiencia a las partes para el 26 de abril.

Hoy y mañana, Macri se encuentra en los Estados Unidos invitado por la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, para brindar charlas. Las conferencias son organizadas por el Georgetown Americas Institute de esa casa de estudios, que programó para hoy una conferencia de Macri bajo el título “Reflexiones sobre liderazgo”, mientras que la charla de mañana se convocó bajo la consigna “Lecciones de una Presidencia”.

Las charlas serán moderadas por Alejandro Werner, exfuncionario del FMI, y uno de los hombres clave dentro del organismo para el otorgamiento a la Argentina del préstamo de U$s 44.000 millones durante la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada.

“El principio general de las finanzas públicas es que debes encontrar dónde están los recursos e intentar compensar a quienes más sufren”, explicó a los periodistas uno de los autores de dicho texto, el economista del FMI Jean-Marc Natal, según consignó el diario La Vanguardia de España.

“Al igual que debe hacerse y a veces se hace después de las guerras, donde también mientras unas empresas luchan por sobrevivir otras se vuelven más boyantes que nunca, los gobernantes pueden hacer que estas últimas compensen a las primeras con “un impuesto adicional y temporal”, añadió Natal.

La Argentina y otros países como España debaten en este momento iniciativas para gravar la “renta inesperada”.

El presidente Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció ayer la iniciativa y convocó a empresarios y sindicatos para consensuar un camino que grave la “renta inesperada”, producto del impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El informe del FMI sugiere la imposición de “impuestos temporalmente más altos sobre los beneficios excesivos” como medio de “reducir la carga de las finanzas públicas”.

De esta forma, las administraciones públicas podrían recuperar “algunas de las transferencias realizadas a empresas que no las necesitaban” durante lo peor de la pandemia de Covid-19.

Es una cuestión de justicia mediante redistribución de esfuerzos y costes después de dos años de sufrimientos mayoritarios y crecimientos minoritarios pero muy cuantiosos, explica el informe.

“Los servicios de contacto intensivo, como el entretenimiento, se contrajeron porque la gente se quedó en casa”, indica el informe a modo de ejemplo. “Pero la producción y exportación de computadoras, software y otros bienes –prosigue– se expandieron a medida que los consumidores gastaban más en electrodomésticos”, entre los ejemplos mencionados. Fuente: Télam

“Para mí, son embates contra el valor de lo común: las escuelas públicas, las universidades, los docentes. Se dicen que son vagos, no enseñan, viven de huelga o adoctrinan cuando no es así. Puede haber docentes en todos lados que defiendan más sus ideas, pero las 58 universidades del país son instituciones democráticas”, expuso el funcionario en declaraciones a Radio 10.

Es que en declaraciones a LN+, Miley dijo que en caso de ser presidente no designaría a un funcionario al frente del Ministerio de Educación ya que es un organismo que “no tiene escuelas” a su cargo, dijo que “le daría otro formato” a la cartera educativa y cuando se le recordó que bajo esa órbita se encuentran las universidades, opinó que se trata de “centros de adoctrinamiento”.

Al respecto, Sileoni dijo que las universidades son espacios de “pluralidad de ideas”, recordó que “hace pocos días ganó la Franja Morada tanto en la UBA como en la UNLP” y dijo que “también hay agrupaciones de centro y de izquierda”.

“Que un rector sea peronista o radical, no quiere decir que la universidad que dirige también lo sea. Uno es dueño de sus ideas y puede ser lo que sea, pero no es que toda la institución lo será. En las universidades hay centenares de docentes, que son hombres y mujeres grandes, que manejan sus cabezas y deciden qué decir”, continuó.

Asimismo, sostuvo que “adoctrinar es ir hacia una sola postura y la educación no hace eso”, indicó que “los docentes no quieren que los alumnos piensen como ellos sino que piensen” y aseguró que “les discuto a Milei y a todos los que critican la universidad pública: no es cierto que sean centros de adoctrinamiento”.

“No veo adoctrinamiento en la democracia. Sí lo viví en la dictadura, cuando mandaban el cuadernillo ‘Instrucciones para combatir al enemigo’, cuando murieron 600 docentes y hubo 30 mil desaparecidos”, expuso el ministro.

Analizó, en ese marco, que, “si un docente califica como bien o mal según las ideas del estudiante, no es adoctrinamiento sino mala praxis”.

Por otro lado, destacó las casas de estudio que existen en el conurbano bonaerense y subrayó que el 85% de los graduados en esas facultades son “primera generación de universitarios de sus familias” y opinó que “eso construye una sociedad más plebeya, más horizontal, más popular, como nos gusta a muchos sectores y pone nerviosos a otros”.

“La sociedad argentina tiene amplio consenso en torno a la necesidad de contar con universidades públicas”, remató. Télam

El plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado continuará hoy con la discusión del proyecto de ley que pretende pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018 con fondos de argentinos que fueron fugados al exterior.

La iniciativa había comenzado a ser debatida a principios de abril y luego se pasó a un cuarto intermedio durante la semana de Pascua.

Además de esa iniciativa, desde 15 en el Salón Azul de la Cámara alta también continuará siendo discutido el expediente que busca modificar la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La audiencia de hoy contará con la asistencia de Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales (UBA), magister en Economía Política (Flacso) y licenciado en Sociología (UBA); Alfredo Zaiat, periodista, escritor y economista, y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

También figuran en la lista la abogada Jimena De la Torre, flamante consejera del Consejo de la Magistratura, y el contador Andrés Edelstein, socio de PriceWaterhouseCooper en Argentina.

Las iniciativas fueron presentadas a fines de marzo por un grupo de senadores del Frente de Todos, entre ellos el neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el formoseño José Mayans.

El Poder Ejecutivo respaldó la idea y luego un grupo de 22 integrantes del bloque oficialista se sumó al apoyo.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

El texto sostiene que ese fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.

Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión”, tal como lo estipula la ley vigente.

El oficialismo propone también usar la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

Para ello, sirve la segunda iniciativa, ya que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información. Télam

Las estimaciones del país se dieron a conocer hoy durante la presentación del World Economic Outlook, y estuvieron a cargo de Pierre-Olivier Gourinchas, el nuevo economista jefe del FMI, de la Universidad de Berkeley, quien sucedió en el cargo a Gita Gopinath.

Las proyecciones para la Argentina resultan incluso por arriba de las las emitidas hace apenas 10 días por otros organismos como el Banco Mundial, que estimó que el país crecerá 3,6% durante el período en curso.

Respecto de las estimaciones de la inflación, el Fondo proyectó para 2022 un número que es el tope de las metas indicativas en el acuerdo con el FMI aprobado a fines marzo (48%); sin embargo la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, anticipó que se trata de uno de los temas que habrá que “recalibrar” tras la evidencia de la presión inflacionaria en el país y a la crisis internacional que profundizó la guerra.

Asimismo, el fondo estimó para Argentina que la cuenta corriente de los bienes y servicios serán superavitarios en U$S 500 millones, mientras que la tasa de desempleo rondará el 9,2% también para 2022.

A nivel mundial, “más allá de los impactos humanitarios inmediatos, la guerra retrasará gravemente la recuperación mundial, ralentizando el crecimiento y aumentando aún más la inflación”, alertaron desde el organismo.

“Este informe proyecta un crecimiento mundial del 3,6 % en 2022 y 2023: 0,8 y 0,2 puntos porcentuales menos que en el pronóstico de enero, respectivamente. la rebaja refleja en gran medida los impactos directos de la guerra en Rusia y Ucrania y los efectos secundarios mundiales”, precisó Gourinchas durante la conferencia de prensa.

Según el economista jefe del Fondo, “las perspectivas económicas mundiales se han visto seriamente afectadas, en gran parte debido a la invasión de Ucrania”.

El Fondo advirtió que esta crisis se desarrolla incluso cuando la economía global aún no se ha recuperado completamente de la pandemia de coronavirus .

“Incluso antes de la guerra, la inflación en muchos países había estado aumentando debido a desequilibrios entre la oferta y la demanda y el apoyo de las políticas durante la pandemia, lo que provocó una endurecimiento de la política monetaria”, manifestaron.

Asimismo, consideró que los últimos confinamientos en China podrían causar nuevos cuellos de botella en las cadenas de suministro globales.

En este contexto, se revisaron las perspectivas de crecimiento de la Unión Europea para este año a la baja en 1,1 puntos porcentuales, debido a los efectos indirectos de la guerra.

Para América Latina, limitaron el crecimiento de la región a 2,5%, tanto para 2022 como para 2023, debido a la ralentización esperada en las economías de Estados Unidos y China, los grandes socios de la región, que crecerían 3,7% y 4,4%, respectivamente en 2022; en tanto Brasil, el país más grande del Cono Sur, crecería apenas 0,8% en el mismo período.

En cuanto al nivel de precios en el mundo, “se proyecta que la inflación se mantenga elevada durante mucho más largo que en nuestro pronóstico anterior, tanto en avanzado y economías de mercados emergentes y en desarrollo y, en muchos países, la inflación se ha convertido en un factor central inquietud”, señaló el informe del FMI. Télam

El peritaje sobre el material secuestrado en el marco de la causa en la que se investiga la utilización irregular de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires se inició este lunes por la tarde mientras que el Gobierno porteño recusó al juez a cargo del expediente, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 2 de CABA, Roberto Gallardo, informaron fuentes judiciales.

Pasadas las 16, el Centro de Análisis, Comando y Control (CAEC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inició las tareas de apertura de la información secuestrada en los operativos ordenadas la semana pasada por el magistrado en el ministerio de Seguridad porteño y en el Centro de Monitoreo Urbano del barrio de Barracas.

Los peritajes, que se realizan en presencia de peritos propuestos por las partes, demandarán no menos de una semana de trabajo, informaron a Télam fuentes al tanto de la investigación.

Gallardo dispuso estas medidas en el mismo fallo en el que le ordenó “al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos” tras detectar presuntas irregularidades en la migración de datos biométricos desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hacia áreas que dependen del ministerio de Seguridad porteño.

Según surge de la investigación llevada a cabo por el juez, el convenio celebrado entre el Renaper y la Ciudad para implementar el sistema de reconocimiento facial en el marco de la búsqueda de prófugos se habría utilizado para migrar datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Según surge de la investigación llevada a cabo por el juez, el sistema de reconocimiento facial, en el marco de la búsqueda de prófugos, se habría utilizado para migrar datos biométricos del presidente Alberto Fernández.

Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000; mientras que entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde esa cartera superaron las 9 millones.

Por otra parte, Gallardo le dio al Gobierno porteño un plazo de 48 horas hábiles (vence en las primeras dos horas laborales del miércoles) para que explique cómo se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas que fueron migrados desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) hacia reparticiones que dependen de la cartera a su cargo.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta aún no respondió ese requerimiento, pero sí anunció que este martes el jefe de Gabinete de CABA, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, brindarán detalles sobre el accionar de la CABA respecto a la resolución de Gallardo y la suspensión del reconocimiento facial en una conferencia de prensa prevista para este martes.

El Gobierno porteño, además, presentó este lunes una nueva recusación con la intención de apartar a Gallardo de la causa porque atribuye al magistrado una supuesta “pérdida de imparcialidad”.

“El doctor Roberto Andrés Gallardo ha demostrado una evidente falta de imparcialidad, además del desatino con que condujo el actual proceso, que lleva a mi mandante a rechazar su artero accionar y requerir su apartamiento de la causa”, sostuvo en su presentación Diego Farjat, apoderado del Gobierno de la Ciudad quien además afirmó que el juez “ha excedido notoriamente sus facultades”.

“Si bien resulta sumamente complejo delimitar cuál es la política pública en materia de seguridad que mejor concilie el derecho a la recibir una adecuada protección por parte de las autoridades con los derechos que la actora dice conculcados, no puede soslayarse que han sido las autoridades competentes, especialmente calificadas para examinar dicha cuestión, quienes determinaron la implementación del sistema de reconocimiento facial de prófugos”, remarcaron desde la Ciudad en su presentación.

“Lo cierto es que el ámbito judicial no es el propicio para debatir este tipo de cuestiones, dado que el Poder Judicial carece del conocimiento técnico y de los recursos humanos necesarios para analizar y determinar cuáles serían las políticas de seguridad más convenientes para la defensa de la ciudadanía”, afirmaron.

Mientras la Justicia aguarda por saber cómo se manejó y resguardó la información migrada desde el Renaper a la Ciudad de Buenos Aires, el diario Página/12 informó el último fin de semana que la empresa Danaide S.A es la que tiene a su cargo “la estructura de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires y provee el software para sus cerca de 15.000 cámaras”.

“Danaide S.A. tiene dos accionistas visibles: Hernán Carzalo y Juan Agustín Carzalo. El último balance accesible ante la Inspección General de Justicia es el de 2019, donde declaraban ganancias por 517.646.407 pesos con la curiosidad de que no se distribuyen entre los accionistas, sino que pasan a una cuenta de ‘resultados no asignados’. El capital social es de apenas 12.000 pesos y tenía para la fecha en cuestión un patrimonio neto de 182.937.818 pesos”, informó el matutino porteño. Télam

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados llevará adelante este martes una nueva ronda de consultas para reformar la ley de alquileres, en la que los principales ejes de la discusión pasan por los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos.

El objetivo de esta reuniones es poder sancionar una nueva norma en la Cámara baja antes de que finalice la primera quincena de mayo.

La comisión -que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos)- realizará una nueva ronda de consultas donde expondrán treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor.

De acuerdo al cronograma de trabajo de la comisión, las reuniones informativas concluirán este miércoles, y en la última semana de abril los legisladores se abocarán a analizar las diferentes propuestas para reformar la ley votada en 2020.

La comisión de Legislación General se reunirá entre las 13 y las 17 en la Sala 2 del edificio Anexo.

Fueron convocados a exponer Claudia Amherdt y Germán Berman, de la Federación Universitaria del Litoral; Alicia Espinoza, de Fuerza de Mujeres Barrio 31; Juan Arrizabalaga, de la Asamblea de Inquilinos de Tandil; Sebastians Artola, de Inquilinos Agrupados de Rosario; Víctor Bazán, de la Asociación Civil de locatarios de San Juan.

También estarán Alejandro Bennazar, de la Cámara Inmobiliaria Argentina; Adrián Canteros Sandoval, de la Asociación de Inquilinos de Corrientes; Emilio Caravaca Pazos y Josefina Pantano, de la Federación Inmobiliaria de la Argentina; la investigadora Laura Ceroli; y Julián Corvagilia, de la Federación Nacional de Inquilinos.

La lista de invitados se completa con Juan Carlos Donsanto, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia ce Buenos Aires; Jose Griselli, de la Asociación de Defensa del Inquilino; Andrés Gariboldi, del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios; y el director del programa de atención a inquilinos, Fernando Muñoz; entre otros.

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus. Algunos sectores cuestionan que los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años y el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio. Télam

Rusia anunció este martes que llevó a cabo “decenas” de bombardeos nocturnos en el este de Ucrania, mientras el gobierno de Kiev asegura que el ejército ruso ha iniciado una gran ofensiva en la región del Donbass y milicias separatistas prorrusas confirmaron que sus tropas se aprestan a doblegar a los militares ucranianos atrincherados en una planta de acero de la ciudad sureña de Mariupol.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que “misiles de alta precisión de las fuerzas rusas neutralizaron 13” posiciones ucranianas en diferentes partes de la región esteña del Donbass, incluyendo la ciudad clave de Sloviansk, en el inicio del día 55 de la invasión.

Además, detalló que otros bombardeos “tuvieron por blanco 60 objetivos militares de Ucrania”, incluidas localidades cercanas a la línea del frente oriental.

De acuerdo con el comunicado, recogido por las agencias de noticias AFP y Sputnik, las tropas rusas destruyeron dos almacenes que contenían misiles tácticos Tochka-U en Chervona Poliana, en la región de Lugansk (este), y en Balakliia, en la región de Jarkov (noreste).

Los ataques se concretaron a lo largo de un amplio frente en el este de Ucrania como parte de una ofensiva terrestre a gran escala para tomar el control del corazón industrial del este del país en lo que las autoridades ucranianas llamaron una “nueva fase de la guerra”, admitieron, en tanto, autoridades militares locales.

El Estado Mayor de Ucrania dijo que las fuerzas rusas están concentrando sus esfuerzos en tomar el control total de la región del Donbass. “Los ocupantes intentaron romper nuestras defensas a lo largo de casi toda la línea del frente”, dijo el Estado Mayor en un comunicado el martes temprano.

Los asaltos intensificados comenzaron el lunes a lo largo de un frente de más de 480 kilómetros (300 millas), enfocados en las regiones de Donetsk y Lugansk, con las fuerzas rusas tratando de avanzar en varias secciones, incluso desde la vecina región de Jarkiv.

Un total de 1.260 objetivos militares fueron alcanzados por misiles y artillería durante la noche, detalló por su parte el ministerio de Defensa ruso.

“Los sistemas de defensa aérea rusos abatieron un caza ucraniano MiG-29 cerca de la localidad de Malinivka en la región de Donetsk”, indicó el comunicado.

Las autoridades ucranianas anunciaron la noche del lunes que Rusia había iniciado una gran ofensiva en el este del país, abriendo una fase tras casi dos meses de campaña militar.

Además, el portavoz de las milicias de la denominada República Popular de Donetsk (una de las provincias prorrusas del este de Ucrania), Eduard Basurin, informó este martes que grupos especiales comenzaron el asalto de la planta Azovstal, en la sitiada ciudad de Mariupol, refirió Sputnik.

Completamente devastada por siete semanas de asedio, bombardeos y enfrentamientos callejeros, la estratégica Mariupol está controlada casi por completo por el Ejército ruso, pero los últimos combatientes que la defienden, estimados en unos pocos miles, están atrincherados y rodeados en esa enorme planta de producción de acero.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso había revelado que los miembros de las tropas ucranianas rodeados y completamente bloqueados en el territorio de la planta metalúrgica tuvieron la posibilidad de deponer las armas y rendirse, conservando de esa manera sus vidas, pero se negaron a hacerlo.

“Que yo sepa, ya comenzó su trabajo una parte de los grupos de asalto, que fueron seleccionados específicamente para atacar este objetivo”, dijo Basurin al canal de televisión Rossiya 24.

A fines de marzo, y anunciando el fin de la primera etapa de su invasión, Rusia retiró sus tropas de Kiev y otras regiones del norte de Ucrania para abocarlas a la “liberación” del Donbass, donde separatistas rusoparlantes controlan extensos territorios y combaten al Ejército ucraniano desde 2014, en rechazo a la destitución del entonces Gobierno prorruso por una ola de protestas.

Más de 14.000 personas murieron en ese conflicto, según la ONU, y el presidente ruso, Vladimir Putin, dice que uno de los fines de la ofensiva en Ucrania es proteger a la población rusoparlante del Donbass del “genocidio” que, según él, cometieron allí las nuevas autoridades prooccidentales de Kiev, a las que tilda de “neonazis”, en los últimos ocho años. Télam

También anticipó para las próximas semanas la puesta en marcha de una convocatoria para discutir un mecanismo de captura de parte de la renta inesperada de las grandes empresas generada a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Los anuncios fueron realizados durante un acto celebrado esta tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El Gobierno nacional busca “garantizar que el impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente en los sectores más vulnerables”, dijo el Presidente al anunciar un conjunto de medidas para fortalecer los ingresos.

“Hay una urgencia en los sectores más postergados a la sociedad”, sostuvo Fernández, tras lo cual aseguró que esto no significa desentenderse de los trabajadores formales, que están en una etapa de reapertura de discusiones paritarias.

Sobre el proyecto que enviarán al Congreso, el jefe del Estado pidió a los sectores “que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan, que colaboren con su aporte para ayudar a los que han quedado más postergados”.

“Queremos pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan a generar más equidad en el desarrollo argentino”, sostuvo Fernández.

El ministro Guzmán, por su parte, dijo que se convocará “a distintos sectores de la sociedad para crear un mecanismo” que gravará la “renta inesperada producto de la guerra”.

Esto se enfocará en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fue de solo el 3,2% de las grandes compañías.

Guzmán afirmó que el Gobierno nacional tiene como “objetivo central garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos en todo el espectro laboral y productivo” al anunciar un conjunto de medidas económicas junto al presidente Alberto Fernández.

“Es necesario en primer lugar reforzar la política de ingresos y en segundo lugar trabajar en forma colectiva para diseñar mecanismos que logren evitar que este shock que vive el mudo y la Argentina tengan consecuencias desigualadoras y regresivas”, afirmó el ministro tras asegurar que “este año la economía continúa recuperándose”.

En lo que respecta a las ayudas, el ministro detalló que el bono de $ 18.000 se dará en dos cuotas, en mayo y junio, mientras que la ayuda de $ 12.000 para los jubilados y pensionados será en una única cuota en mayo, que se sumará al bono de $ 6.000 que se está pagando a los que perciben hasta un haber mínimo ($32.630).

De esta forma, se pagarán dos bonos de 9.000 pesos en mayo y junio a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B .

Según explicó el ministro, el refuerzo de ingresos para los trabajadores de entre 18 y 65 años será para “aquellos que requieren de la protección del Estado”, por lo que “habrá criterios en términos del patrimonio que terminará de definir el conjunto de la población que se beneficie de este tipo de ingresos”.

En el caso del bono de $12.000 para jubilados y pensionados, el pago se hará en una única cuota para aquellos que reciban un haber de hasta $ 65.260 que, sumado al bono que están percibiendo los jubilados de la mínima, totalizará también $18.000.

Esta medida de ingresos se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, incremento de las asignaciones y adelanto del paritarias.

Estuvieron presentes el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez y la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. En representación de los gremios, estuvo presente Pablo Moyano, miembro del triunvirato de la CGT, y, por el lado de los empresarios, concurrió Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA.

REFUERZO PARA MEJORAR LOS INGRESOS

1️- TRABAJADORES SIN INGRESOS FORMALES

– $ 18.000 en dos cuotas de $9.000 cada una

– Alcanza a trabajadores de entre 18 y 65 años sin ingresos formales.

2- JUBILADOS Y PENSIONADOS

– $12.000 en 1 cuota

– Para quienes perciben hasta 2 jubilaciones mínimas

– Complementa el bono anterior otorgado de $6.000 y de esta manera se equipara con el bono que se otorga a las y los trabajadores de $18.000

3️- MONOTRIBUTISTAS

– Alcanza a los y las trabajadores de las categorías A y B del Monotributo

4️- TRABAJADORAS DE CASAS PARTICULARES

– $18.000 en dos cuotas de $9.000

– Registradas o no registradas