Con nuevo faltazo de Stornelli y una oposición que sigue mostrándose ante la sociedad como defensora de la Corte, la Comisión de Juicio Político retomó sus audiencias
Piden a la Procuración sanciones para Stornelli por sus ausencias en la comisión de Juicio Político, y se resolvió citar para el próximo martes al exministro de Justicia, Germán Garavano.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó ayer el debate sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, con una nueva ausencia del fiscal Carlos Stornelli, que había sido citado por segunda vez por este cuerpo parlamentario.
Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos) anunció que Stornelli “no ha comparecido” ante el cuerpo y reiteró que “si accedemos a enviarle las preguntas” como solicitó el fiscal “estaríamos violando el reglamento”, al precisar que “sólo está exceptuado a declarar por escrito el presidente, vicepresidente y los gobernadores”.
Al responder a los legisladores de Juntos por el Cambio, que insistieron con hacer lugar al pedido de Stornelli de declarar por escrito, Gaillard reiteró que no enviarán por escrito las preguntas al fiscal y dijo que “la finalidad de esta comisión es llevar adelante este proceso para esclarecer los hechos. No puedo apartarme del reglamento”.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados pedirá al Procurador General interino, Eduardo Casal, que se tomen las “medidas disciplinarias correspondientes” contra el fiscal federal Carlos Stornelli, ante la renuencia del funcionario a concurrir a dar testimonio ante el organismo parlamentario, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema.
En tanto, se resolvió citar para el próximo martes al exministro de Justicia, Germán Garavano, en el marco de los expedientes relacionados con los fallos del ‘2×1’ a genocidas.
La tercera reunión testimonial de la comisión que analiza la conducta de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tuvo como características los gritos y chicanas entre los legisladores del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC).
Los cruces se sucedieron especialmente cuando declararon los secretarios de la Corte Suprema Sebastián Alberto Garay (Secretaría de Juicio Originarios) y Guillermo Sebastián Garay (Vocalía de Rosatti).
Los cruces se sucedieron porque los opositores Juan Manuel López, Silvia Lospenatto, Pablo Tonelli y Mario Negri, acusaban a los representantes del oficialismo de “intimidar” a los testigos.
Además de los Garay -hijo y hermano del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay- declararon Natalia Hilda Monayer (Vocalía de Rosatti) y Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación).
El FdT rechazó el pedido de Tonelli para que la comisión haga una denuncia de “falso testimonio” contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien expuso hace 15 días ante este cuerpo de trabajo.
Además, a propuesta del diputado oficialista Rodolfo Tailhalde, se decidió pedir documentación a la Corte y convocar como testigos, entre otros, al exministro de Justicia macrista Germán Garavano y al exfuncionario y operador judicial del anterior Gobierno Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay, prófugo de la justicia.
También pidió la citación del abogado y exsecretario de Justicia del macrismo, Santiago Otamendi; del extitular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Horacio Diez y de los periodistas Silvana Boschi e Ignacio Miri, todos en relación al fallo del ‘2×1’ emitido por la Corte durante el gobierno de Cambiemos sobre el cumplimiento de las penas por parte de los autores de delitos de lesa humanidad.
Stornelli fue quien, en la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.
Durante la jornada de ayer el primer testigo en declarar en la comisión de Juicio Político fue el secretario Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, quien manifestó “no recordar” si tuvo un chateo con D’Alessandro, ante una consulta del diputado Tailhade.
“Yo ese chat no lo recuerdo. Por mi función interactúo permanentemente con funcionarios nacionales y provinciales”, agregó.
Sobre el intercambio con la periodista Cynthia García, dijo que “se dio porque vi en mi Twitter varias notificaciones y me pareció injusto lo que se estaba diciendo; no tuve un comportamiento impropio ni desleal con mi jefe, si no, no suelo interactuar”.
Cuando declaró Sebastián Alberto Garay, desde la oposición rechazaron las preguntas que le hacía la oficialista Vanesa Siley.
“No participé de ninguna de las causas que son objeto de este juicio político”, dijo el testigo.
Al ser consultado como fue designado en esa secretaria, el funcionario dijo que “desde mayo del 2013 presto servicios en la Secretaría de Juicios Originarios, con el aval del doctor Enrique Petracchi, donde actualmente me desempeño como despachante de expediente, trámites ordinarios de las causas”.
Natalia Monayer, de la vocalía del Presidente de la Corte, fue consultada sobre si podía acceder a los expedientes internos: “Tengo clave del sistema interno Lex 100, donde a veces por mi trabajo accedo, el área de sistema me la provee por el trabajo que yo realizo”.
Ante varias consultas de Leopoldo Moreau, dijo que no iba a responder preguntas que no estuvieran vinculadas al proceso de juicio político, aunque reconoció la existencia de una empresa en la que figuraba como socios Silvio Robles y que también integraba (o integra) su madre, Patricia Duró.
En el tramo final de la reunión hubo un fuerte debate entre el radical Negri y el kirchnerista Leopoldo Moreau.
El exlíder de JxC dijo que “el kirchnerismo trae a la fuerza a la Comisión de Juicio Político personas a las que se les vulneró el derecho a la intimidad mediante la filtración ilegal de chats. Luego se rasgan las vestiduras al denunciar que ‘no hay un Estado constitucional democrático'”.
Moreau replicó a Negri al señalar que “el sistema político argentino no puede ignorar que hay un Poder Judicial, no solo en la Corte Suprema, que tiene enquistada una mafia que afecta el sistema institucional de la Argentina” y mencionó el caso de la “banda de Lago Escondido”, en alusión a jueces, empresarios y funcionarios que se reunieron en esa zona de la Patagonia.
También denunció que “el Consejo de la Magistratura no está funcionando porque fue asaltado para dejarlo paralizado” y le pidió a JxC que “no sea cómplice de la camarilla del Poder Judicial”. Fuente: Télam
