Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento: Se investiga el pago de sobornos a funcionarios públicos del gobierno de Mauricio Macri
La Cámara Federal confirma citaciones a indagatoria y reclama celeridad en la causa. Los contratos “le permitieron girar u$s4.495.250 a la Banca Privada de Andorra (BPA) para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”.
La Cámara Federal porteña confirmó llamados a declaración indagatoria en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento e instó al juez a definir con celeridad la situación de los imputados, entre ellos el empresario Angelo Calcaterra y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones en la investigación que lleva el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a quien se reclamó definir situaciones procesales “en condiciones de ser resueltas” ante “el tiempo transcurrido y “una instrucción que no ha avanzado con la rapidez y eficacia que fue varias veces encomendada”, según la resolución a la que accedió Télam.
Los camaristas Martin Irurzun y Eduardo Farah rechazaron planteos de nulidad de las defensas de algunos de los imputados contra la citación a declaración indagatoria.
La Cámara encomendó al juez resolver situaciones procesales, luego de varios pedidos al respecto del fiscal del caso, Franco Picardi, que no tuvieron respuesta.
También se remarcó que pasaron dos años desde que se recibió “información pedida a Brasil” sobre pagos de sobornos por parte de la constructora Odebrecht y las declaraciones de arrepentidos en ese país.
En un dictamen firmado en 2020, el fiscal Picardi ratificó la acusación por el supuesto pago de sobornos por casi cinco millones de dólares desde los adjudicatarios de la obra.
La fiscalía aludió al “hallazgo de nuevos elementos probatorios detectados por esta parte, como así también al nuevo material aunado al presente que confirman, aún más, que la Unión Transitoria de Empresas integrada por ‘Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.’ suscribió dos contratos fictos o simulados con la firma española Detección de Riegos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DSC)”.
Estos contratos “le permitieron girar u$s4.495.250 a la Banca Privada de Andorra (BPA) para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”, afirmó.
La “transacción comercial puesta en crisis se erigió como un eslabón más dentro de un engranaje jurídico y financiero diseñado por las firmas en cuestión y sus integrantes con el solo fin de concretar el pago de sobornos a funcionarios públicos integrantes de la entonces cartera del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, explicó Picardi.
De esta manera, se aseguraron “la adjudicación y continuidad de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”.
El 21 de agosto de 2019 la Cámara Federal porteña anuló procesamientos dictados por Martínez De Giorgi al ex ministro de Planificación Federal en el kirchnerismo, Julio De Vido y a otros ex funcionarios como Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López por supuestas negociaciones incompatibles en el caso y también la falta de mérito a empresarios como Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, y Jorge Rodríguez.
El Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación para que abarque la presunta existencia de otros delitos como el pago de sobornos y en base a ello se debería volver a resolver sobre la situación procesal de los acusados. Fuente: Télam
