La Procuración porteña impugnó las conclusiones de un peritaje de la PSA sobre las irregularidades en el Sistema de Reconocimiento Facial utilizadas por el Gobierno de la Ciudad

Para el Ministerio Público Fiscal de Caba, en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos “las conclusiones a las que se arriba en el informe pericial se encuentran gravemente equivocadas.

La Procuración de la Ciudad de Buenos Aires impugnó las conclusiones de un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que fue aportado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRPF) por parte del Gobierno porteño.

“Vengo a impugnar las conclusiones del informe pericial efectuado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a requerimiento del Tribunal actuante, reservándome el derecho de ampliar la presente, en atención a las particulares circunstancias de la causa”, señaló en un dictamen Roque Matías Di Biase, abogado de la Procuración porteña.

Para el Ministerio Público Fiscal de Caba, “las conclusiones a las que se arriba en el informe pericial se encuentran gravemente equivocadas y no reflejan de ninguna manera la complejidad de las operaciones de análisis de datos personales en las que se basa el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), razón por la cual impugno el mismo”.

El jueves, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) emitió un comunicado en el que informó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño “decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del SRFP (…) después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad”.

En el texto se puso de relieve que el apartamiento se dio “apenas dos días después de conocerse el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad” y que la recusación, rechazada en instancias anteriores, “había sido pedida por el Gobierno” porteño.

El resultado del peritaje fue revelado ayer por Télam en un artículo en el que se dio cuenta de la denuncia presentada por el juez Gallardo ante la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires para que se investiguen posibles violaciones a la ley de inteligencia.

La denuncia fue presentada ayer por el magistrado luego de conocida la noticia de su apartamiento y cayó, por sorteo, ante el juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo.

El peritaje realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria “informa que 8.045 personas de las que fueron cargadas en el sistema no están en el Conarc y no se ha accedido a esa cantidad de órdenes judiciales”.

“La gestión de los datos personales presenta irregularidades que aún no han sido explicadas: el peritaje detecta un conjunto de 356 registros que fueron ingresados, buscados y luego borrados de manera manual y, además, que muchas de las acciones no tienen trazabilidad debido a que se realizan con usuarios genéricos y ni siquiera se puede detectar cual de esos usuarios borró los datos”, se indicó.

Sin embargo, la Procuración presenta la impugnación del informe aclarando que este trámite no implica “consentir todo lo actuado hasta el momento, que a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es nulo de nulidad total y absoluta en virtud del fallo del Tribunal Superior de Justicia y de tratarse y, en consecuencia, de medidas que no fueron adoptadas por el Juez natural”.

“Estamos ante un claro error procedimental que se traslada al plano de los resultados. Para llevar a cabo un análisis correcto no bastaba con comparar únicamente los datos correspondientes a las dos fechas extremas (…) sino que, para ese mismo rango de fechas, se debió partir de un único listado que contuviese la totalidad de los DNI existentes en la base de Conarc, colectados de forma diaria, que es la forma en que se ponen a disposición del público”, objeta la Procuración.

Y en ese sentido, el dictamen subraya: ” se advierten serias deficiencias en torno a los procedimientos técnicos aplicados para la elaboración del informe, lo que da por resultado, cuanto menos, un análisis tergiversado y con claros signos de inconsistencia en torno a los datos utilizados”. Fuente: Télam